En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó este jueves la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La votación en general y en particular arrojó 40 adhesiones y 31 rechazos, con la abstención de la neuquina Julieta Corroza.
El resultado dejó en evidencia fuertes divisiones internas en la mayoría de las bancadas, con excepción de La Libertad Avanza, espacio que conduce Patricia Bullrich, que votó en bloque a favor del proyecto.
Fisuras en el kirchnerismo y respaldo clave para el oficialismo
Tal como se anticipaba, los legisladores del interbloque kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron la iniciativa de la Casa Rosada. También lo hicieron los recientemente escindidos del kirchnerismo —tras meses de tensiones internas— Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).
El apoyo de estos senadores resultó determinante para que el oficialismo alcanzara la mayoría necesaria.
El artículo más controvertido: poder para las provincias
Uno de los puntos más discutidos fue el artículo séptimo del dictamen, corregido horas antes de la votación. El texto permite que cada provincia determine la autoridad de aplicación —salvo en áreas protegidas por la ley 22.351 de Parques Nacionales—, encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos”, los glaciares y el ambiente periglaciar que cumplan funciones hídricas estratégicas.
Es decir, aquellos que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
Quienes defienden la norma sostienen que los recursos naturales pertenecen a las provincias y minimizan posibles conflictos futuros. La discusión se da en el marco de la estrategia del Gobierno de Javier Milei para atraer inversiones multimillonarias junto a gobernadores de distritos cordilleranos, con el objetivo de reactivar la economía.
Del otro lado, sectores ambientalistas y parte de la oposición advierten que el nuevo esquema podría debilitar el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y facilitar presiones empresariales sobre autoridades provinciales.
Algunos senadores también señalaron que el articulado podría entrar en tensión con compromisos asumidos en el acuerdo Mercosur–Unión Europea, aprobado previamente en la misma sesión.
Aprobado el acuerdo Mercosur-UE: 69 votos a favor y 3 en contra
El primer punto del orden del día fue el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que fue aprobado por 69 votos afirmativos y 3 negativos. La iniciativa ya contaba con media sanción de Diputados y ahora quedó convertida en ley. El resultado fue celebrado por el Gobierno, que ahora deberá reglamentar el acuerdo para acelerar su entrada en vigencia. Sin embargo, en Europa se espera un pronunciamiento judicial debido a impugnaciones presentadas contra el tratado.
La Argentina no logró convertirse en el primer país del bloque en ratificarlo. Pese al pedido de la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, para acelerar los tiempos, Uruguay se adelantó en la aprobación legislativa. En la Casa Rosada aspiraban a obtener ventajas diferenciales —como mayores cuotas de exportación— si eran los primeros en validar el acuerdo.
El gobierno de Javier Milei buscaba ese gesto político en la carrera comercial regional, aunque finalmente el objetivo simbólico quedó trunco.
La Ley de Glaciares, en el centro de la tormenta
Pasadas las 15, la Cámara alta comenzó el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, una modificación que el oficialismo impulsa con el argumento de que permitirá destrabar inversiones mineras, especialmente de cobre y litio, en zonas actualmente protegidas.
El proyecto apunta a reducir las áreas protegidas, diferenciando el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, sólo quedarían bajo protección aquellas formaciones con función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca dentro del ambiente periglaciar y prohíbe allí actividades industriales. La reforma limitaría ese alcance.
Un debate con denuncias y cambios de último momento
La oposición denunció modificaciones al dictamen durante el debate, sin tiempo suficiente para su análisis. El senador Fernando Salino cuestionó el procedimiento:
“Esto está fuera de reglamento”, afirmó. “Son modificaciones a los artículos que estamos tratando. Desmerece el proceso legislativo y la calidad de la ley”, agregó.
Los votos están muy ajustados y el oficialismo dependerá del peronismo para asegurar la aprobación. Luego debería girarse a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se registraron protestas de organizaciones ambientalistas que rechazan la reforma por su impacto sobre las cuencas hídricas.
Más poder a las provincias y el rol del inventario de glaciares
Uno de los puntos más sensibles es la modificación del esquema del inventario de glaciares, actualmente elaborado por el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), con sede en Mendoza.
La propuesta oficial establece que será la autoridad jurisdiccional provincial la encargada de actualizar el inventario “sobre la base de estudios técnicos-científicos”.
El senador Agustín Coto (LLA) defendió los cambios:
“No se lo desfinancia, no se lo toca. Se le da el valor que tiene: científico”, aseguró sobre el Ianigla.
Y agregó:
“Se incorporan novedades: que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional”.
También calificó la normativa vigente como “una ley de chetos que desconoce la diversidad del país”.
Posturas enfrentadas: agua, minería y federalismo
Las posiciones se dividieron incluso dentro de los bloques.
La cordobesa Alejandra Vigo cuestionó la delegación de facultades:
“El Estado nacional queda sin ninguna responsabilidad”.
Y remarcó que el debate no es sobre minería sino sobre “el recurso más importante para las inversiones y para el futuro de nuestra sociedad”.
El santacruceño José Carambia (Movere) fue aún más tajante:
“Es una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que quieran”.
Desde el oficialismo ampliado, la salteña Flavia Royón defendió la autonomía provincial:
“Se quiere mostrar como si se le entregara la llave a los gobernadores”.
“¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias?”.
Y subrayó: “El gran consumidor de agua es el agro, no la minería”, al detallar que en San Juan el 94% del agua se destina al agro, el 4% al consumo humano y el 1,2% a la industria.
El catamarqueño Guillermo Andrada sostuvo:
“No hay industria más controlada y regulada que la minería”.
“Mientras sea fuente hídrica relevante no se toca. Ese es el núcleo duro”.
Desde el bloque Justicialista, el pampeano Daniel Bensusán advirtió sobre los riesgos citando los casos de los ríos Atuel y Colorado:
“Todos los pobladores saben lo que significa cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba: terminan con conflictos sociales, económicos y judiciales”.
La reforma ambiental tensó la relación entre el oficialismo y sus aliados del Pro y la UCR, que votarán divididos. El número final es ajustado y depende de que ningún senador peronista cambie su postura a último momento. Incluso dentro del peronismo podría haber fugas, ya que es incierta la posición que adoptarán ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci y Sergio Uñac.
Con el acuerdo comercial ya aprobado y la reforma ambiental en la recta final, el Senado atraviesa una jornada que combina estrategia económica internacional, federalismo, minería, agua y disputa política, en un clima de máxima tensión dentro y fuera del recinto.
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