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Movilizan al Congreso

Ley de Emergencia en discapacidad: se tratará el 9 de septiembre

Diputados acordó debatir la prórroga hasta 2027 tras no reunir los dos tercios para tratarla sobre tablas. Prestadores y organizaciones reclaman su cumplimiento.

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La ley de emergencia busca que se  atiendan las dificultades que atraviesan los prestadores y las personas que necesitan acceder a distintas prestaciones.Foto archivo: Farid Dumat Kelzi

La Cámara de Diputados de la Nación acordó avanzar con el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de que la oposición no lograra reunir los dos tercios necesarios para incorporar el proyecto sobre tablas durante la sesión del miércoles.

El consenso alcanzado entre distintos bloques permitió establecer una nueva fecha para llevar la iniciativa al recinto: el miércoles 9 de septiembre a las 12. El objetivo es extender por un año la emergencia vigente, que actualmente tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.

La propuesta busca que la emergencia se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027 y cuenta con el respaldo de distintos espacios políticos que podrían reunir una mayoría parlamentaria.

En diálogo con Red Boing, el presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, calificó como “positivo” lo ocurrido en la Cámara baja, aunque advirtió que el sector atraviesa una situación crítica y reclamó que la legislación vigente sea aplicada de manera integral.

“Estamos en condiciones entonces de hacer un emplazamiento y llevar al recinto esta prórroga de una ley que no viene siendo cumplida de manera integral”, sostuvo Bolego.

La opoisción logró sumar números para conseguir un bloque mayoritario para garantizar el tratamiento.

Qué pasó en Diputados con la emergencia en discapacidad

Durante la jornada del miércoles, los legisladores intentaron avanzar con el tratamiento inmediato de la iniciativa, pero no alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios para realizar un apartamiento del reglamento y discutirla sobre tablas.

Ante esa situación, se logró un acuerdo para impulsar un emplazamiento y llevar el proyecto a una próxima sesión.

La fecha acordada es el 9 de septiembre, cuando los bloques deberán reunir nuevamente los respaldos necesarios para avanzar con la prórroga.

El proyecto fue impulsado por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, vicepresidente primero de la Comisión de Discapacidad, junto con la diputada cordobesa Natalia de la Sota.

La iniciativa reúne las firmas de legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Primero San Luis.

La iniciativa plantea extender los efectos de la Ley 27.793 en todo el territorio nacional y establece que sus disposiciones tengan vigencia desde el 1 de enero de 2027. Foto: Farid Dumat Kelzi

Qué propone la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La iniciativa plantea extender los efectos de la Ley 27.793 en todo el territorio nacional y establece que sus disposiciones tengan vigencia desde el 1 de enero de 2027, incluso en el caso de que la promulgación de la norma se produzca posteriormente.

La ley vigente había sido impulsada por organizaciones y familias vinculadas al sector de la discapacidad y fue ratificada por el Congreso luego del veto inicial del presidente Javier Milei.

Uno de los principales reclamos de las organizaciones es que la normativa sea implementada en su totalidad y que se atiendan las dificultades que atraviesan los prestadores y las personas que necesitan acceder a distintas prestaciones.

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El sector de los transportista busca resolver la elaboración de un estudio de costos que permita determinar el valor real de las prestaciones. Foto: Farid Dumat Kelzi

El reclamo de los transportistas

Bolego sostuvo que el sector de transporte para personas con discapacidad atraviesa una situación especialmente compleja debido al incremento de los costos.

Según explicó, uno de los puntos que todavía no fue resuelto es la elaboración de un estudio de costos que permita determinar el valor real de las prestaciones.

El dirigente aseguró que el aumento del combustible tuvo un fuerte impacto sobre los transportistas y provocó que algunos trabajadores directamente dejaran de prestar el servicio.

“Hoy estemos a un 40% por debajo de los aranceles necesarios para llevar adelante nuestro servicio”, afirmó Bolego al describir la situación del sector.

Además, señaló que la normativa vigente contempla actualizaciones vinculadas al IPC, pero consideró que existe un desfasaje acumulado debido a que no se compensaron determinados períodos anteriores.

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En los últimos meses se advirtió que las demandas están vinculadas a la atención de personas con discapacidad, entre ellos centros terapéuticos, centros de día, hogares, escuelas especiales y prestadores de servicios.Foto: Farid Dumat Kelzi

Reclamo por las pensiones y prestaciones

Otro de los puntos señalados por Bolego está relacionado con las pensiones por discapacidad.

Según sostuvo, actualmente hay más de 200.000 personas que tienen su documentación en regla y todavía esperan acceder a la pensión.

El dirigente también reclamó respuestas frente a las dificultades que atraviesan otros sectores vinculados a la atención de personas con discapacidad, entre ellos centros terapéuticos, centros de día, hogares, escuelas especiales y prestadores de servicios.

A estos problemas se suman, según los impulsores de la iniciativa, demoras en pagos de Incluir Salud, además de dificultades para acceder a insumos y medicamentos.

La movilización frente al Congreso

Bolego anticipó que las organizaciones vinculadas a la discapacidad se movilizarán al Congreso el 9 de septiembre, cuando está previsto el tratamiento del proyecto.

“Vamos a estar en las puertas del Congreso, todas las personas con discapacidad, las organizaciones, los trabajadores, todos aquellos que brindan apoyos a personas con discapacidad”, afirmó.

El objetivo será reclamar a los distintos bloques que acompañen la prórroga y que, además, se garantice el cumplimiento efectivo de la normativa.

La discusión será clave porque la actual emergencia vence el 31 de diciembre de 2026, mientras que el período de sesiones ordinarias del Congreso finaliza el 30 de noviembre. Por ese motivo, los bloques opositores deberán reunir los apoyos necesarios antes del cierre del período parlamentario para evitar que la normativa pierda vigencia.

El próximo miércoles 9 de septiembre a las 12, Diputados volverá a tener así en agenda una de las principales demandas de las organizaciones de personas con discapacidad y de los prestadores del sector.

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