Este martes los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone y Adrián Spelta pidieron la demolición de siete búnkeres vinculados a la banda del narco “Chuky Monedita” Nuñez, acusar de haber organizado los cuatro crímenes de trabajadores que sacudieron a Rosario en marzo. Durante la audiencia, los funcionarios del MPA explicaron que en estos inmuebles se registraron unas 200 balaceras y hechos violentos en apenas cuatro años.
Ante la jueza Paula Álvarez, los fiscales mostraron videos de los allanamientos realizados la semana pasada en varios puntos de la zona sur de la ciudad, en los barrios Tiro Suizo, Fuerte Apache, Cordón Ayacucho y Villa Flamarión. En esas construcciones -en algunos casos pasillos llenos de familias- de acuerdo a la investigación del MPA hubo desde 2020 una fuerte guerra narco entre la banda liderada desde la cárcel por “Chuky Monedita” con la de “Los Gorditos”, con otro preso como líder: Brandon Bay.
En este marco, se produjeron varias balaceras y homicidios, con muy pocas cuadras de diferencia un hecho del otro. El dato no pasó desapercibido para los investigadores desde la noche del 5 de marzo pasado, cuando se supo que habían matado en la zona de Flamarion y Lamadrid a Héctor Figueroa, el primero de los dos taxistas ejecutados.
Con el desarrollo de la causa, más testimonios de testigos y la evidencia recolectada, se pudo confirmar que una de las dos bandas que viene disputando ese territorio en la zona sur de Rosario había estado detrás de ese crimen y de los que vendrían en los días siguientes: la de “Chuky Monedita”, que habría encargado los hechos para forzar al gobierno provincial a que desista de ubicarlo en el pabellón de presos de alto perfil en la cárcel de Piñero.
La llegada a la banda de “Chuky Monedita”
Como se sabe, durante el mes que pasó tras los crímenes, el equipo de los fiscales a cargo de la investigación -además de los tres presentes este martes, integraron ese grupo sus colegas Luis Schiappa Pietra y Fernando Dalmau- llegó a concretar numerosas detenciones: varias por encubrimiento, otras por el rol de organizadores y co autores, además de la captura de menores de edad, entre ellos quien confesó ser el autor de los disparos en tres de los cuatro homicidios. En uno de los casos, el del colectivero Marcos Daloia, el presunto gatillero está prófugo.
La semana pasada durante la audiencia imputativa, Saldutti, Spelta y Carbone explicaron la teoría del caso: Alejandro “Chuky Monedita” Nuñez, preso en Piñero, consiguió a través de su mujer Brenda Pared (que hasta el momento de los hechos pudo tener prisión domiciliaria en una casa en Funes), armar un grupo para ejecutar los homicidios. Para los fiscales, parte del plan criminal se concretó en inmuebles que ahora serán demolidos y que tenían antecedentes violentos.
Los inmuebles mencionados
En Anchorena al 1500, cerca de donde mataron al primer taxista, hubo veinte balaceras en los últimos cuatro años. Ahí ejecutaron en diciembre de 2022, en la previa de Nochebuena, a Leonela Villalba. Era una transera que vendía para “Chuky Monedita”. La sospecha de aquel crimen, que investigó el fiscal Gastón Ávila, recayó sobre la banda rival, la de Brandon Bay. Este último es un joven oriundo del barrio Tiro Suizo, que ya en la cárcel consiguió la venia de Los Monos para hacerse cargo de la venta de droga para esa banda en Capitán Bermúdez y San Lorenzo, en el cordón industrial.
En Ayacucho al 4000, hubo cincuenta balaceras y tres homicidios en los últimos tres años. Cuando la PDI allanó el pasillo el jueves pasado, su equipo de prensa grabó un video en el que se podían ver decenas de envoltorios de cocaína en el piso. El material fue difundido hoy en la audiencia.
En Alem al 4000 hay otros dos inmuebles que serán demolidos y que están relacionados con el entorno de la novia del gatillero de 15 años que mató a tres de los cuatro trabajadores en marzo. La noche en la que ejecutó al segundo taxista, según el propio chico declararía luego ante la Justicia de Menores, había cenado con su pareja y sus suegros después de concretar el homicidio. Para el fiscal Carbone, aunque no están detenidos en el marco de la investigación por los crímenes, ese nucleo familiar también está vinculado a la venta de drogas.
La última de las direcciones mencionadas hoy fue la de Flamarion y Lamadrid. Ahí también se repitieron las balaceras y los allanamientos desde 2019 al menos. En agosto de 2021, por el cruce violento entre las bandas ya mencionadas, hubo un doble crimen con dos jóvenes como víctimas. En cuatro años, en esa esquina, se contaron 86 incidencias policiales. A metros de ese lugar, murió el primero de los taxistas en marzo.
La ley que permite los derrumbes
Tras haberse sancionado en diciembre la nueva ley de microtráfico a nivel provincial, el MPA puede pedir el denominado “cese de estado antijurídico” cuando se verifica que un inmueble en el que se venden drogas genera violencia en un barrio.
En este marco, la jueza autorizó el derribo de un inmueble en Lamadrid al 1600, dos en Anchorena al 1500, dos en Alem al 4000 y dos más en Ayacucho al 4000. En total, serán siete demoliciones. La medida se articulará con agencias de la provincia, Municipalidad y Defensa Civil.
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