Este miércoles, residentes del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro (Brasil), trasladaron más de 50 cuerpos a la plaza Praça São Lucas tras un operativo policial que se desarrolló en la zona boscosa entre los complejos del Alemão y Penha.
Las víctimas fueron halladas tras la realización de una de las operaciones más letales del estado, que dejó oficialmente al menos 64 muertos y 81 personas detenidas. Organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra real podría superar los 120 fallecidos.
Según el medio brasileño Folha de S. Paulo, en el lugar se observó a civiles trasladando cadáveres en vehículos particulares hacia la plaza, donde esperaban familiares para identificarlos. Algunos cuerpos presentaban heridas graves de bala, puñaladas o mutilaciones, lo que genera la sospecha de ejecuciones extrajudiciales.
La abogada Flávia Fróes, presente durante el retiro de los cadáveres, denunció que varios fallecidos tenían disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas.
Organismos de derechos humanos solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con peritos internacionales, para investigar el operativo.
En diálogo con Gabriel Pennise, en Antes de Todo de Radio Boing, periodista chileno Juan Eduardo Bustamante, quien investigó en terreno la situación de las favelas de Río de Janeiro, que el operativo fue ordenado por el gobernador de Río, Claudio Castro, y contó con la participación de dos fuerzas especiales: el CORE (policía civil) y el BOPE (policía militar). Según el periodista, se trata de uno de los enfrentamientos más violentos de los últimos 15 años. “Parecía una zona de guerra”, relató.
Bustamante explicó que el operativo fue ordenado por el gobernador de Río, Claudio Castro, y contó con la participación de dos fuerzas especiales: el CORE (policía civil) y el BOPE (policía militar). Según el periodista, se trata de uno de los enfrentamientos más violentos de los últimos 15 años. “Parecía una zona de guerra”, relató.
El Comando Vermelho surgió en 1979 dentro de una cárcel, inicialmente como un grupo de presos que se organizaban contra la dictadura, pero con el tiempo se transformó en una red narco-criminal con presencia en la mayoría de las 950 mil favelas del área metropolitana de Río. Sus actividades incluyen narcotráfico, sicariato, secuestros y contrabando de armas.
Bustamante explicó que la organización rival del Comando Vermelho es el PCC (Primer Comando Capital), con base en San Pablo, y que este grupo tiene una fuerte presencia en la zona de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, especialmente en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.
La madrugada posterior al hecho, las calles de la zona norte de Río aparecieron desiertas y con restricción de movilidad, lo que aumentó la sensación de tensión y conmoción entre los vecinos.
Según se informó, se desplegó en la operación el brazo armado del estado frente al control del acceso a la favela y la zona boscosa adyacente, donde habitualmente operan facciones criminales como el Comando Vermelho.
Las autoridades estatales no han actualizado de forma oficial el número de víctimas y los familiares denunciaron que muchos cadáveres no figuran en el balance público.
Se espera que la investigación aclare:
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Cómo fue la operación policial y qué unidades intervinieron.
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Si hubo responsabilidad estatal por ejecuciones o violaciones del debido proceso.
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La identificación completa de los fallecidos y la atención a los familiares.
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Qué medidas tomarán para evitar que hechos similares se repitan.
El suceso representa uno de los episodios más graves de violencia por parte del Estado en Brasil en los últimos tiempos y plantea nuevas preguntas sobre los mecanismos de intervención policial en comunidades vulnerables.
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