La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, protagonizó este jueves un fuerte cruce institucional con la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, al reclamar que se respete el destino de los espacios asignados al organismo en el nuevo Centro de Justicia Penal que se construye en la ciudad de Santa Fe.
Las declaraciones se dieron luego del acto de apertura del año judicial, donde periodistas le consultaron sobre dichos previos del nuevo presidente de la Corte, quien había señalado que el edificio que está próximo a terminarse pertenece al Poder Judicial.
Ante esa situación, Vranicich aseguró que el MPA ya respondió formalmente por escrito y que ahora aguardan una contestación de los siete ministros del máximo tribunal provincial.
“Nosotros ya hemos dado una respuesta por escrito y estamos esperando una respuesta de parte de los siete ministros de la Corte. Esperamos llegar a un buen puerto. Lo único que estamos pidiendo es que cumplan con la nueva Constitución”, afirmó.
La fiscal general explicó que el planteo del organismo se basa en una cláusula transitoria de la nueva Constitución provincial, que establece que los inmuebles asignados al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa no pueden cambiar su destino sin su conformidad.
“Los invito a leer la cláusula 16 transitoria. Allí se establece que los inmuebles que estaban afectados al Ministerio Público no podían modificar su destino sin su conformidad”, sostuvo.
Según explicó, el nuevo edificio del Centro de Justicia Penal tiene desde su origen espacios destinados tanto al MPA como al Ministerio Público de la Defensa, por lo que el planteo del Poder Judicial generó preocupación en el organismo.
“Ese edificio tiene una parte que pertenece al Ministerio Público, tanto de la acusación como de la defensa, desde la génesis”, remarcó.
“Esto es un divorcio”
Durante la rueda de prensa, Vranicich utilizó una metáfora para explicar la relación institucional entre el Poder Judicial y el Ministerio Público tras las reformas impulsadas en los últimos años. “La Procuración General de la Nación habla simbólicamente de un divorcio cuando se separan del Poder Judicial. Esto es un divorcio y así tiene que ser entendido”, expresó.
En ese sentido, cuestionó que los ministros de la Corte —quienes firmaron una acordada sobre el tema— no estén interpretando de esa manera la nueva estructura institucional. “El Poder Judicial, a través de los siete ministros que firmaron la acordada, lamentablemente no lo están entendiendo así”, sostuvo.
La fiscal general también criticó la forma en que se tomaron las decisiones sobre el edificio y reclamó abrir instancias de diálogo. “Hacemos un llamado nuevamente al diálogo, porque el diálogo viene antes de las decisiones, y acá primero tomaron una decisión y luego llaman al diálogo”, afirmó.
Además, señaló que el organismo no firmará convenios que otorguen solo una posesión precaria de los espacios, como ocurrió en el caso del Centro de Justicia Penal de Casilda, otro edificio próximo a inaugurarse.
“No vamos a firmar un convenio donde nos dan una posesión precaria y si el Poder Judicial lo necesita el día de mañana podría sacarnos de allí”, advirtió.
Vranicich explicó que el MPA ya venía trabajando sobre los espacios asignados en el nuevo edificio, incluso con licitaciones abiertas. Entre ellas mencionó una licitación iniciada en 2024 para obras de tendido de red de internet y electricidad en 2.500 metros cuadrados correspondientes al cuarto y quinto piso y el subsuelo del edificio.
Sin embargo, ese proceso quedó suspendido cuando se frenó la ejecución de la obra por motivos ajenos al organismo. “Esto claramente ya estaba afectado al Ministerio Público de la Acusación”, remarcó.
La postura del ministro Gutiérrez
Consultada sobre la posición del ministro de la Corte Rafael Gutiérrez, Vranicich reconoció que mantiene una postura crítica respecto del funcionamiento del MPA desde su creación. “El doctor Gutiérrez ha sido coherente. Yo puedo coincidir o no con sus decisiones, pero realmente ha sido coherente”, señaló.
Y agregó: “Él no ha estado de acuerdo con que exista el Ministerio Público de la Acusación y la ley 13.013 desde el inicio. No estoy de acuerdo en absoluto, pero es coherente”.
Finalmente, la fiscal general advirtió que, si el conflicto institucional no se resuelve mediante el diálogo, el MPA podría llevar el caso a instancias judiciales superiores.
“Eventualmente iremos a la Corte de la Nación. Incluso hemos hecho reserva convencional porque estamos convencidos de que hay que defender la institucionalidad del Ministerio Público de la Acusación y, en última instancia, la Constitución de la provincia”, concluyó.
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