La justicia federal de Rosario no gana para sustos. Después de haber sido noticia durante los últimos meses por la situación del (ahora ex) juez Marcelo Bailaque, este miércoles una de las sedes adonde funcionan sus oficinas fue allanada por disposición del Ministerio Público Fiscal: la medida alcanzó al juez feeral Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal °1, ubicado en calle Entre Ríos al 700 en pleno centro de esa ciudad.
La Unidad Fiscal Rosario informó que las medidas jurisdiccionales estuvieron vinculadas a un caso que investiga una posible situación de abuso de autoridad por parte del magistrado, en relación con otra investigación penal en curso. De acuerdo a lo que pudo saber RedBoing, se trataría de la denominada “Causa Atila” en la que Salmain permitió de forma irregular el retiro de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo al financista rosarino Fernando Whpei.
En el caso interviene el Fiscal general con funciones de coordinador de la Fiscalía de Distrito Rosario, Javier Arzubi Calvo, los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario. También colaboran Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la Procuración General de la Nación (PGN), y el auxiliar fiscal de la misma dependencia, Esteban Venditti. Las medidas fueron autorizadas en audiencia celebrada este mismo miércoles por el juez de garantías Román Pablo Lanzón. Éstas alcanzan el allanamiento del despacho, secuestro de documentación relacionada con el caso, computadoras, la requisa personal, y el secuestro del teléfono personal del juez.
Además cabe recordar que Salmain tiene abiertos varios trámites en el Consejo de la Magistratura, que podría avanzar con su destitución. Uno de los más salientes es el caso de su omisión a la hora de concursar como juez respecto de un antecedente oprobioso cuando era empleado judicial: en 2001 intentó coimear a una empleada de otro juzgado para conseguir que se le derive una causa al juez para el que trabajaba. Por aquel hecho, la Corte Suprema de la Nación había decidido cesantearlo. Al presentar luego en numerosos distritos judiciales del país sus antecedentes, decidió ocultar esa parte de su CV.
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