La ciudad de París atraviesa un escándalo por abusos y violencia en escuelas públicas que ya provocó la suspensión de 78 asistentes escolares en lo que va de 2026, de los cuales 31 fueron apartados por sospechas de violencia sexual. El caso estalló pocos días después de la asunción del nuevo alcalde, Emmanuel Grégoire, quien anunció un plan de emergencia de 20 millones de euros y definió la situación como su “primera lucha”.
El funcionario, de 48 años, asumió el cargo el 29 de marzo y quedó rápidamente en el centro de la polémica. El ayuntamiento de París, responsable de contratar y formar a los asistentes escolares, enfrenta cuestionamientos por una serie de denuncias acumuladas que dejaron al sistema bajo la lupa y generaron reclamos masivos de padres.
En ese contexto, Grégoire fue contundente: “Hay que revisarlo todo desde el principio con un objetivo: tolerancia cero”. Además, reconoció el impacto social del caso y sostuvo que “la ira de las familias es legítima”, en medio de un creciente malestar por la falta de información en algunos episodios.
El sistema de asistentes escolares, que se encarga del cuidado de los niños después del horario de clases, quedó expuesto tras una seguidilla de denuncias. En algunos casos, los padres denunciaron que no fueron informados por las autoridades escolares, incluso cuando existían sospechas.
Uno de los datos más alarmantes es que nueve de los asistentes suspendidos por violencia física o sexual trabajaban en una misma escuela, lo que profundizó las críticas sobre posibles fallas de control y supervisión.
El propio alcalde admitió errores en el abordaje previo del problema. En declaraciones al diario Le Monde, señaló: “Si hubo un error colectivo, fue tratar estos casos como incidentes aislados cuando en realidad reflejan un riesgo sistémico, y quizá incluso un código de silencio sistémico”.
Según detalló, la “inmensa mayoría de los casos” se remonta a 2024 y 2025, afectando principalmente a escuelas infantiles. Solo en 2025, ya se habían apartado 16 asistentes por sospechas similares.
El plan: controles, denuncias y transparencia
Frente a la magnitud del escándalo, el gobierno local lanzó un plan integral de 20 millones de euros que incluye:
- Mejoras en los procesos de selección y formación de asistentes
- Canales más claros para denunciar abusos
- Mayor transparencia con las familias
- Publicación trimestral de estadísticas oficiales sobre casos y suspensiones
- Comunicación directa a padres sobre los resultados de las investigaciones
El objetivo, según el municipio, es reconstruir la confianza en el sistema educativo y garantizar la protección de los menores.
Sin embargo, desde organizaciones sociales consideran que las medidas aún son insuficientes. Barka Zerouali, cofundadora del colectivo #MeTooEcole, advirtió: “Es un comienzo. Se han retomado algunas de nuestras propuestas, pero faltan medidas de urgencia”.
El escándalo en París se da en un contexto más amplio en Francia, donde el movimiento #MeToo visibilizó casos de abuso en distintos ámbitos, incluyendo la infancia.
Uno de los antecedentes más impactantes fue el informe de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia, que en 2021 estimó que 216.000 menores fueron víctimas de abusos entre 1950 y 2020, cifra que asciende a 330.000 incluyendo personal laico.
También resonó el caso del colegio de Betharram, donde más de 200 exalumnos denunciaron abusos físicos y sexuales durante décadas.
Grégoire, quien incluso reveló haber sido víctima de abusos en su infancia, insiste en que la prioridad es actuar con firmeza: “La inmensa mayoría de los presuntos agresores eran hombres y los alumnos son especialmente vulnerables”.
La crisis, sin embargo, recién comienza. Con decenas de casos en investigación, un sistema cuestionado y una sociedad en alerta, París enfrenta uno de los mayores desafíos recientes en materia de protección infantil y transparencia institucional.
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