Un verdadero escándalo sacude al Poder Judicial de Río Negro, luego de que se confirmara la desaparición de más de cien armas que estaban bajo resguardo en depósitos judiciales. En las últimas horas, además, se conoció un nuevo faltante de cinco fusiles en los tribunales de General Roca, lo que profundizó la investigación y elevó la preocupación por el destino del armamento.
El caso puso en el centro de la escena a todo el sistema judicial provincial, ya que la habitación donde se encontraban las armas tenía acceso restringido y solo podía ser abierta por personal autorizado con llave. Por este motivo, tres empleados judiciales de General Roca quedaron bajo investigación y fueron removidos de sus cargos mientras avanza un sumario administrativo paralelo al expediente penal.
La situación resulta aún más delicada porque existía una instrucción expresa del Fiscal General que prohibía la guarda de armas y cualquier otro tipo de prueba material dentro de las fiscalías y despachos judiciales. Sin embargo, una auditoría reciente detectó que el armamento seguía almacenado en esas oficinas pese a la prohibición vigente.
Para los investigadores, la maniobra presenta signos de haber sido planificada. Según trascendió, desaparecieron únicamente las armas aptas para su uso, mientras que en el lugar quedaron réplicas, artefactos caseros y elementos con desperfectos, lo que sugiere que quienes actuaron conocían con precisión el material almacenado.
En paralelo, también quedó bajo análisis la actuación de funcionarios responsables del área. Fuentes vinculadas al caso señalaron que existe una fuerte presunción de negligencia en el resguardo y control del armamento, especialmente en lo referido al manejo de llaves y al acceso a los depósitos.
La investigación fue trasladada al fiscal jefe de la Cuarta Circunscripción Judicial, Santiago Márquez Gauna, con sede en Cipolletti, para evitar conflictos de interés y garantizar transparencia, dado que los hechos ocurrieron dentro de la misma jurisdicción donde funcionaban las oficinas involucradas.
Ahora, la pesquisa apunta a reconstruir la cadena de custodia, determinar quiénes tenían acceso al depósito y establecer si pudieron haberse realizado copias de las llaves que facilitaran la sustracción paulatina de las armas.
Uno de los aspectos más complejos del expediente es determinar el destino final del armamento desaparecido y establecer si existieron maniobras fraudulentas dentro del propio Poder Judicial.
Comentarios