La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay no logró destrabar la crisis institucional que atraviesa el país. En una jornada de fuertes tensiones políticas, el Congreso rechazó inicialmente su dimisión y dejó en suspenso la salida del mandatario, mientras avanza el proceso de juicio político que podría terminar con su destitución.
El primer revés para Peña llegó en el Senado, donde 24 legisladores votaron en contra de aceptar su renuncia y 20 se pronunciaron a favor. Sin embargo, cuando el tratamiento debía continuar en la sesión conjunta de ambas cámaras, legisladores oficialistas abandonaron sus bancas y provocaron la caída del quórum.
La maniobra impidió que el Congreso completara el procedimiento y dejó sin resolución definitiva el pedido de dimisión. Por lo tanto, Peña continúa siendo presidente y el vicepresidente Pedro Alliana todavía no pudo asumir el Poder Ejecutivo.
Por qué el Congreso no aceptó la renuncia de Peña
La resistencia de buena parte de los legisladores a aceptar la dimisión tiene una explicación política y judicial. Los sectores opositores, junto con legisladores colorados disidentes, sostienen que aceptar la salida voluntaria de Peña podría permitirle evitar las consecuencias del proceso de juicio político y acceder a los beneficios institucionales previstos para los expresidentes.
La Constitución paraguaya establece que quienes hayan ejercido la Presidencia adquieren la condición de senadores vitalicios, una figura que les permite integrar el Senado con voz, aunque sin voto. Los críticos de la renuncia advierten que esa condición también podría ofrecerle protecciones frente a eventuales investigaciones judiciales.
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Por eso, los legisladores que rechazaron la dimisión reclamaron que el proceso de juicio político continúe hasta determinar las responsabilidades del mandatario. Consideran que una renuncia no debería funcionar como un mecanismo para eludir el juzgamiento político ni las posibles consecuencias judiciales del escándalo.
La postura quedó resumida en los argumentos de distintos senadores opositores, que advirtieron que aceptar la renuncia equivaldría a concederle un privilegio en medio de las investigaciones.
El juicio político contra el presidente paraguayo
La situación de Peña se agravó durante la misma jornada, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político, con 78 votos afirmativos. La decisión contó incluso con el respaldo de legisladores de su propio Partido Colorado, que hasta entonces había sido su principal sostén político.
El procedimiento está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. Diputados tiene la responsabilidad de formular la acusación, mientras que el Senado debe actuar como tribunal y resolver si corresponde declarar culpable al presidente. Para concretar la destitución se requiere una mayoría de dos tercios.
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Entre los principales cuestionamientos contra Peña aparecen presuntos conflictos de intereses por sus vínculos con Ueno Holding, el nombramiento de Carlos Carvallo (expresidente de Financiera Ueno) al frente del Banco Central y la presunta concentración de fondos públicos y previsionales en la entidad financiera.
Tras la caída de la sesión bicameral, Peña salió a pronunciarse públicamente y confirmó que enfrentará el proceso. «Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República», escribió en sus redes sociales
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