El gobierno de España promulgó la semana pasada un decreto que ofrece a cientos de miles de migrantes indocumentados la posibilidad de salir del limbo legal, en una medida que contrasta con el giro restrictivo que vienen adoptando muchos países en materia migratoria, entre ellos Argentina.
La decisión permitirá que personas que ya viven en territorio español sin papeles puedan solicitar permisos de residencia temporal. El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez calificó la iniciativa como clave para el país, donde la mano de obra migrante cumple un rol central en sectores como la agricultura, el turismo y los servicios.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, sostuvo que la medida tendrá impacto en “la convivencia, en el bienestar y también en la economía”.
Una señal en sentido contrario al clima internacional
El anuncio cobra relevancia en un contexto global marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias.
En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump impulsa una amplia campaña de detenciones y deportaciones; el Reino Unido implementó normas más estrictas para los refugiados; Grecia aplica penas de prisión a quienes permanecen en el país tras el rechazo de sus pedidos de asilo; e Italia busca retener solicitantes de asilo en Albania mientras se tramitan sus casos, pese a cuestionamientos legales.
España, en cambio, mantiene una política de mayor apertura, especialmente hacia migrantes latinoamericanos —por el idioma y la cercanía cultural—, una postura que, según organizaciones sociales, también se ha extendido a personas provenientes de África.
No obstante, el país también ha reforzado el control en origen, brindando equipamiento, tecnología y capacitación a fuerzas de seguridad de países como Marruecos y Mauritania para frenar salidas irregulares hacia Europa.
Para Cecilia Estrada Villaseñor, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, la decisión española funciona como un contrapeso:
“En el contexto internacional actual, donde los discursos antimigratorios han ido ganando fuerza, la decisión del gobierno en España abre la línea del contrapeso a esta tendencia”.
Cuántas personas podrían beneficiarse
España no publica cifras oficiales sobre la cantidad de migrantes indocumentados que viven en el país. Sin embargo, estimaciones de centros de estudios como Funcas sitúan el número entre 500.000 y un millón de personas, en una nación de casi 50 millones de habitantes.
Qué establece el decreto
La norma fija condiciones concretas para acceder a la regularización:
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Podrán solicitar el permiso quienes hayan llegado antes de diciembre de 2025.
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Deberán acreditar al menos cinco meses de residencia en el país.
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Quedarán excluidas las personas con antecedentes penales.
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Las solicitudes solo podrán presentarse entre abril y junio.
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Los permisos serán temporales por un año, renovables, y habilitan a trabajar legalmente.
El impulso político para avanzar con esta vía de regularización tomó fuerza durante la pandemia de covid-19, cuando muchos migrantes sin papeles continuaron trabajando en tareas esenciales en condiciones precarias.
Rechazo opositor y antecedentes
La oposición reaccionó de inmediato. Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular, acusó al gobierno de usar la medida para desviar la atención pública de un accidente ferroviario en el que murieron 45 personas este mes. Desde la extrema derecha, Vox anunció que impugnará el decreto ante la Corte Suprema y acusó a Sánchez de “acelerar la invasión”.
España, sin embargo, tiene antecedentes en este tipo de políticas: desde mediados de los años 80 llevó adelante ocho campañas de regularización masiva, tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas, que alcanzaron al menos a un millón de migrantes.
Con este nuevo decreto, el país vuelve a apostar por la integración formal de personas que ya forman parte de su tejido social y económico, en una decisión que lo ubica en una posición singular dentro del panorama migratorio actual.
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