Presidente del Gobierno de España.
En una decisión que marca un fuerte contraste con las políticas migratorias restrictivas que predominan en gran parte de Europa, el gobierno de España aprobó este martes una regularización masiva de inmigrantes que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas. La medida fue impulsada por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez a través de un real decreto, un instrumento legal que no requiere aprobación del Congreso, y comenzó a regir tras su aval en el Consejo de Ministros.
La iniciativa alcanza a extranjeros que se encuentren en territorio español desde antes del 31 de diciembre de 2025, que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia continua y que no tengan antecedentes penales. Según informó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el proceso de tramitación se abrirá entre abril y el 30 de junio, y otorgará permisos de residencia y trabajo que permitirán desempeñarse en cualquier sector y en cualquier punto del país.
“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”, afirmó Saiz en conferencia de prensa, al defender una política que el Gobierno considera clave para dar respuesta a una realidad social ya instalada.
La regularización se da en un contexto demográfico y económico particular. España cuenta con 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros, y enfrenta un marcado envejecimiento poblacional y una caída sostenida de la natalidad. Según datos oficiales, el número de nacimientos se redujo un 25,6% desde 2014. En paralelo, el desempleo cayó por debajo del 10% en el cuarto trimestre de 2025 y una parte significativa de los nuevos puestos de trabajo fue ocupada por inmigrantes.
El propio Sánchez remarcó recientemente el impacto positivo de la migración en la economía española. “El 80% del crecimiento económico de los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social se deben a la migración”, sostuvo el presidente del Gobierno, al defender un modelo “legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano”.
Entre los beneficiarios potenciales se encuentran miles de latinoamericanos. En el caso de los argentinos, los registros oficiales indican que hay 415.987 residentes en España, de los cuales el 44% cuenta con doble nacionalidad. Si bien no hay cifras precisas sobre cuántos se encuentran en situación irregular, las estimaciones oficiales señalan que representan una minoría frente a otras comunidades de la región. En total, según el centro de estudios Funcas, al 1 de enero de 2025 había unos 840.000 inmigrantes en situación administrativa irregular en el país, en su gran mayoría provenientes de América Latina.
El real decreto establece mecanismos flexibles para acreditar la residencia, como el empadronamiento municipal, informes médicos, contratos de servicios o comprobantes de envío de dinero, una demanda histórica de organizaciones sociales que asisten a migrantes. La sola admisión a trámite de la solicitud otorgará una autorización provisional de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por causas administrativas.
La medida, sin embargo, generó una dura reacción de la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó la decisión y afirmó: “En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria”. En la misma línea, sostuvo que el plan busca “desviar la atención” de otros problemas que atraviesa el país.
Desde la extrema derecha, el líder de Vox, Santiago Abascal, fue aún más contundente. “¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión”, escribió en su cuenta de X.
En contraste, la regularización fue celebrada por sectores sociales, ONG y la Iglesia católica, que la calificó como “un acto de justicia social”. Para estos espacios, la medida permitirá reducir la economía informal, garantizar derechos básicos y dar mayor seguridad jurídica a miles de personas que ya viven y trabajan en España.
La última regularización masiva de inmigrantes en el país había tenido lugar en 2005, durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Veinte años después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a apostar por una política migratoria expansiva, en medio de un intenso debate político y social que promete profundizarse en los próximos meses.
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