El Consejo de Ministros de España se apresta a aprobar este martes el inicio de la tramitación de un real decreto que permitirá regularizar a alrededor de medio millón de inmigrantes que se encontraban en el país antes del 31 de diciembre pasado y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.
La medida fue acordada entre el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el jefe de gobierno Pedro Sánchez, y el partido de izquierda Podemos. El anuncio se conoció luego de que la secretaria política y eurodiputada de esa fuerza, Irene Montero, confirmara el entendimiento alcanzado con el Ejecutivo.
Qué implica la regularización
Al tratarse de un real decreto, la iniciativa no requiere convalidación parlamentaria, lo que le permite al Gobierno avanzar sin depender de mayorías legislativas en un tema que ha generado tensiones entre los socios del oficialismo.
Según explicó Montero, podrán acceder al proceso “todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”. Para acreditar esa permanencia se aceptará el empadronamiento municipal, pero también otros medios, como informes médicos, contratos de suministro eléctrico o certificados de envío de dinero, mecanismos reclamados por organizaciones sociales ante las dificultades de muchas personas en situación irregular para inscribirse en el padrón.
La sola admisión a trámite de la solicitud otorgará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá de manera automática los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Finalizado ese plazo, los beneficiarios podrán solicitar una autorización ordinaria según el reglamento de extranjería.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalaron que el objetivo del decreto es garantizar derechos y brindar seguridad jurídica a una realidad social ya existente.
Un antecedente con historia
No se trata de una medida inédita en España. Desde la década de 1980, gobiernos tanto del PSOE como del conservador Partido Popular (PP) aprobaron al menos ocho procesos extraordinarios de regularización para reducir el número de personas extranjeras sin derechos y combatir la economía informal.
La situación de la inmigración irregular
Un informe reciente del centro de análisis Funcas indicó que el número de migrantes en situación administrativa irregular en España alcanzó las 840.000 personas. De ese total, el 91% proviene del continente americano, con predominio de colombianos, peruanos y hondureños. Las nacionalidades africanas, asiáticas y europeas se encuentran en cifras considerablemente menores.
Sin embargo, esos datos son previos a la última reforma del reglamento de extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025 y flexibilizó el acceso a la regularización por arraigo, por lo que se estima que el número actual podría rondar el medio millón de personas.
En cuanto a la comunidad argentina, datos oficiales señalan que unos 415.000 argentinos residen en España de forma legal, el 44% con doble nacionalidad, aunque no hay cifras precisas sobre quienes viven allí sin documentación regular.
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