En el marco de la Cumbre Mundial de los Gobiernos celebrada en Dubái, el presidente de España, Pedro Sánchez, lanzó una contundente advertencia a las grandes tecnológicas. El mandatario anunció que la próxima semana el Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas destinadas a blindar a los menores frente a los riesgos de la red y a terminar con la impunidad de las plataformas digitales.
Prohibición y verificación de edad
La medida central del proyecto es la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. Para garantizar el cumplimiento, el Gobierno español exigirá a las empresas la implementación de sistemas efectivos de verificación de edad, terminando con la actual laxitud que permite a niños navegar en entornos de adultos.
Sánchez justificó la urgencia de la ley con una frase que marcó su discurso: “Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia y pornografía. No vamos a tolerar más este salvaje oeste digital”.
Rastreo del odio y responsabilidad empresarial
El plan no solo se limita a la restricción de acceso, sino que introduce un cambio de paradigma en la responsabilidad de los gigantes tecnológicos:
-
Trazabilidad del odio: Se creará un sistema técnico de “rastreo y cuantificación” para seguir la huella de la polarización y los contenidos nocivos.
-
Coste económico y legal: El objetivo es que difundir contenido de odio deje de ser rentable. Las plataformas y sus directivos deberán responder jurídica y financieramente por la proliferación de discursos ilícitos.
-
Soberanía digital: El Ejecutivo, junto a la Fiscalía, investigará infracciones de empresas específicas como Grok, TikTok e Instagram, asegurando una “tolerancia cero” frente a cualquier tipo de coerción extranjera.
Un cambio en la relación Estado-Plataformas
Con esta iniciativa, España busca liderar una regulación europea más coercitiva. Según Sánchez, la intención es que el cumplimiento no sea una sugerencia técnica, sino una obligación bajo apercibimiento de sanciones económicas severas. El proyecto plantea que el Estado debe intervenir de manera preventiva para salvaguardar la infancia en un ecosistema que, hasta ahora, funcionaba con escaso control gubernamental.
Comentarios