Una década se cumple del intento de que un boliche, Esperanto, se convirtiera no sólo en la referencia de la movida nocturna rosarina (por su magnitud, ubicación -en un barrio residencial- y decoración excéntrica y kitsch), sino porque allí se había realizado una inversión millonaria cuyo origen no era legal, además de estar administrado por testaferros rosarinos.
La violencia no se acaba con apresar a los cabecillas del narcotráfico, sino que requiere desarmar los circuitos que permiten el lavado de dinero. Dinero que proviene de los negocios ilícitos que tenían vía libre para que ese flujo beneficie al círculo de la economía ilegal a espaldas de quien nunca sería favorecida, la ciudadanía rosarina, al menos hasta la ordenanza 9204/14 (un procedimiento administrativo que se propuso desde nuestro bloque del PRO para incorporar un sistema de control económico financiero de inversiones).
El crimen no se detiene porque la estructura de poder sigue vigente: los paladares negros que desarrollan sus estrategias a través de escribanos, abogados, inmobiliarias, financieras truchas y empresarios con buen nombre.
El caldo de violencia letal se coció al calor de la subestimación del gobierno provincial a las primeras señales de negocios turbios que debían alertar a la dirigencia política y al resto de la sociedad: el profundo deterioro como consecuencia de la autogestión policial y la actual crisis político-institucional santafesina comenzó antes de Esperanto, pero tuvo en él la expresión inicial de la impunidad desbocada con la que los jefes narcos en ascenso caminaban por Rosario.
Luis Medina era casi tan desconocido como la familia Cantero para la mayoría de los rosarinos. En ciertos círculos no era más que el dueño de dos concesionarias del macrocentro. No obstante, hacía tiempo que había cambiado el origen de su flamante fortuna: no eran los autos sino el mercado de la droga en la zona oeste, prolijamente delimitado en acuerdo con Los Monos. Seguramente se esté pensando que es una historia narcocriminal más. Pero no. Fue una de las primeras historias que trascendió públicamente en una ciudad que desconocía los movimientos que ya ocurrían de manera subterránea.
El poder, el dinero y la brutalidad con que se mueven los delincuentes no son buenos aliados. Para Luis Medina, su universo se desmoronó cuando creyó encontrar la solución al principal problema que desvela a los gerentes del narcotráfico mediante la instalación de una megadisco. Esperanto fue un lavadero de plata del narcotráfico. O, al menos, pretendió serlo. Si una década después, el caso “Esperanto” sigue ocupando espacios en la agenda pública, es porque con él muchos se dieron cuenta que algo no estaba bien.
Desde aquel momento se comprobó que era imprescindible que el gobierno local se involucre en la prevención del lavado de activos, a través del requerimiento de información para poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF). Las herramientas para llevar adelante el control pueden mejorarse con el aprendizaje alcanzado luego de varios años de aplicación. Pero el objetivo de la alta política que se delineó en aquel entonces para dichas herramientas debe profundizarse, siempre que eso se entienda como una prevención del peligro de la expansión de negocios ilegales: por ejemplo, entre el 2017 y el 2018, dos paradigmáticos proyectos comerciales con oscuro financiamiento optaron por retirar sus propuestas luego de activarse citados mecanismos de alerta.
El circuito del crimen organizado se completa justamente utilizando a ciudades como Rosario que, sin un acompañamiento de los organismos específicos del gobierno nacional, permitía que los mafiosos lograsen ingresar las ganancias ilícitas obtenidas al mercado legal. En ese éxito criminal está la retroalimentación necesaria para seguir funcionando. Si efectivamente queremos lograr una provincia más segura, debemos comprender que entre el delito de la violencia física y el delito económico hay una línea delgada que los vincula.
El Estado necesita imperiosamente modernizar el instrumental institucional y legal para perseguir con eficiencia empresas criminales en el laberinto de espejos del lavado de activos. Y en esto, quienes ejercen la política y creen en que ella debe ofrecer el bienestar y la felicidad del pueblo, no pueden hacer “la de los monitos”: que no quieren ver, escuchar, hablar y, ahora, comprometerse con la lucha por la erradicación de los negocios ilícitos y crímenes ligados al narcotráfico, y su vínculo con el poder institucional.
(*) Roy López Molina es abogado y escribano. Fue diputado provincial y vicepresidente del Concejo Municipal de Rosario.
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