El abogado Carlos Broitman, defensor de Konstantin Rudnev, señalado como presunto líder de la denominada “secta rusa de Bariloche”, presentó una acción de hábeas corpus preventivo al denunciar presuntas tareas de seguimiento e inteligencia sobre su domicilio particular, que atribuye a personal de fuerzas de seguridad del Estado. El planteo fue realizado ante el temor de una restricción ilegítima de su libertad ambulatoria y una posible afectación a su integridad personal.
La presentación se realizó al amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la Ley 23.098, y tiene como eje un episodio ocurrido en el country “El Venado”, ubicado en la localidad bonaerense de Canning, donde reside el letrado. Según el escrito judicial, los hechos denunciados “exceden una conjetura subjetiva y configuran un cuadro objetivo de gravedad institucional”.
El episodio que detonó la acción judicial ocurrió cuando una persona se presentó en el acceso principal del barrio privado manifestando ser representante de la empresa Mercado Libre. Según relató Broitman, el individuo solicitó verificar si él residía efectivamente en ese domicilio, un requerimiento que llamó la atención del personal de seguridad del country.
Tras realizar esa consulta, el sujeto se retiró del lugar e ingresó a una camioneta Toyota Hilux blanca en la que se encontraban otros cuatro hombres. Ante lo inusual de la situación, la guardia del barrio activó el protocolo interno, dio aviso inmediato al abogado y se realizó también un llamado al sistema de emergencias 911.
Con posterioridad, y ya con intervención policial, surgió un dato que la defensa considera clave: la camioneta utilizada no pertenecía a una empresa privada. Según consta en la presentación judicial, “el vehículo resultó ser propiedad del Ministerio de Seguridad de la Nación”, un elemento que, para Broitman, agrava de manera sustancial el cuadro denunciado.
A partir de esa constatación, el abogado sostuvo que “el episodio no puede ser interpretado como un hecho aislado ni casual” y lo vinculó directamente con su rol como defensor de Rudnev en la causa conocida públicamente como la de la secta rusa de Bariloche.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Broitman afirmó: “Son presiones para que nos apartemos de la defensa. Hemos ingresado como defensores meses después de la intervención de varios estudios jurídicos que renunciaron o fueron apartados. Estamos convencidos de que la acusación no soporta el control jurisdiccional para llevar adelante un juicio con las acusaciones aceptadas por las anteriores defensas”.
En la misma línea, agregó: “Están a la caza de abogados que ejercen ampliamente, de acuerdo a lo que establece la ley, la defensa de nuestros asistidos. Que acusen y que se establezca la verdad en un juicio justo”.
El abogado remarcó que la utilización de una supuesta identidad comercial para recabar información sobre su domicilio vuelve “absolutamente inverosímil” la explicación brindada por quienes realizaron la consulta. En el escrito judicial se sostuvo que el uso de una identidad falsa para obtener datos personales genera un temor concreto y razonable, reforzado por el carácter oficial del rodado involucrado.
Broitman afirmó desconocer por completo “si las tareas detectadas responden a una orden judicial válida, quién las habría dispuesto y con qué finalidad”. También señaló que ignora si existe algún tipo de investigación formal en su contra y que nunca fue “notificado de actuación judicial alguna”.
En ese marco, sostuvo que “de existir una causa legítimamente ordenada”, su voluntad “es presentarse de inmediato ante la autoridad competente”. Sin embargo, subrayó: “Lo inadmisible es cualquier actuación clandestina o subrepticia”, y consideró que ese tipo de prácticas resultan incompatibles con un Estado de Derecho.
El hábeas corpus presentado destaca que la modalidad empleada —presentarse bajo una identidad falsa y recabar información sensible en un domicilio particular— “habilita plenamente la vía excepcional elegida”. Además, remarca que “no se trata de un temor abstracto, sino de una situación actual y verificable”.
Como respaldo probatorio, la defensa acompañó el registro fotográfico obtenido por el sistema de seguridad del country, donde se observa la camioneta involucrada. Esa documentación fue incorporada al expediente para acreditar la verosimilitud del relato.
En su presentación, Broitman solicitó que el juez ordene medidas inmediatas para verificar si existen tareas de vigilancia o inteligencia sobre su persona y, en caso de comprobarse su existencia sin orden judicial válida, que se disponga su inmediata cesación.
En otro tramo del planteo, el abogado vinculó el episodio con su actuación profesional como defensor de Rudnev en la causa FGR 2878/2025, que tramita ante la Fiscalía Descentralizada de San Carlos de Bariloche. En ese contexto, recordó un antecedente que calificó como de “extrema gravedad institucional”.
Se trata de un pedido previo del Ministerio Público Fiscal para allanar el domicilio del abogado de la presunta víctima y secuestrar sus dispositivos electrónicos. Esa medida fue rechazada por el juez de Garantías, al considerar que vulneraba el derecho de defensa y el secreto profesional.
Broitman sostuvo que, durante distintas audiencias de esa causa, representantes de la fiscalía “deslizaron expresiones que permitirían inferir una eventual intención de investigar a abogados vinculados al expediente”. Para la defensa, ese contexto refuerza la razonabilidad del temor actual y permite advertir un posible patrón de actuación.
En la presentación se advirtió que “investigar o vigilar a defensores técnicos afecta garantías constitucionales básicas” y que, si las tareas denunciadas guardan relación con su rol profesional, “la situación adquiere una dimensión institucional aún más grave”. El escrito subraya que la defensa técnica “no puede ser objeto de intimidación ni vigilancia irregular”.
La gravedad del planteo se profundizó con una ampliación del hábeas corpus firmada por Broitman y el abogado Fabián Lekerman. En ese escrito se informó que la defensa corroboró la titularidad de la camioneta Toyota Hilux involucrada.
Para ello, ingresaron el dominio del vehículo en el sistema de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires, lo que permitió identificar el CUIT del titular registral. Luego, al verificar ese CUIT en registros públicos, se confirmó que el rodado pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa constatación fue documentada y acompañada como prueba.
En su petitorio final, Broitman solicitó que se tenga por interpuesta la acción en tiempo y forma, que se ordenen las medidas necesarias para determinar si existieron tareas de seguimiento o vigilancia, que se oficie a las autoridades correspondientes para identificar quién dispuso la intervención y con qué objetivos, y que se garantice la protección expresa de su libertad ambulatoria, su integridad personal y el pleno ejercicio de su actividad profesional.
¿Qué es la “Secta Rusa de Bariloche”?
La “secta rusa de Bariloche” es el nombre con el que se conoció a la organización criminal transnacional Ashram Shambhala, desarticulada en Argentina en marzo de 2025. Fundada en la década de 1980 en Siberia por el exmilitar Konstantin Rudnev, se presentaba inicialmente como una escuela de yoga y meditación, pero ocultaba una estructura coercitiva dedicada a la trata de personas, explotación sexual y reducción a la servidumbre.
La organización funcionaba bajo el mando absoluto de Rudnev, quien se autoproclamaba como un “dios extraterrestre” de la estrella Sirio. El grupo captaba a personas vulnerables (principalmente mujeres jóvenes) ofreciendo supuesta “sanación espiritual”. Una vez captadas, las víctimas eran aisladas de sus familias, despojadas de sus bienes y sometidas a condiciones extremas de desnutrición —alimentándose muchas veces de las sobras del líder— y abusos sexuales bajo el pretexto de rituales de “purificación”.
El caso en Argentina estalló cuando una joven rusa embarazada ingresó al hospital de Bariloche escoltada por otras mujeres que le impedían hablar. La alerta del personal médico permitió descubrir que el grupo se había asentado en cabañas de la zona con el aparente fin de obtener la nacionalidad argentina a través del nacimiento de niños, facilitando así su expansión y la evasión de controles migratorios.
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