La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York confirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será juzgado en Estados Unidos luego de su captura, en el marco de una causa por conspiración narcoterrorista. La acusación también alcanza a su esposa, Cilia Flores, y se inscribe en un expediente que investiga delitos vinculados al narcotráfico internacional y al uso de armas de guerra.
La imputación fue ratificada públicamente por la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, quien detalló a través de sus redes sociales que avanzan tras la detención del mandatario venezolano. Desde el Ministerio Público señalaron que la causa apunta a una presunta estructura criminal que utilizó el narcotráfico como herramienta política y financiera.
“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, señaló
Además, agregó: “En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
De acuerdo con la acusación, Maduro y Flores habrían participado en acuerdos con organizaciones armadas y redes de tráfico de drogas, utilizando armamento pesado y recursos militares. Las autoridades judiciales sostienen que estas acciones representaron una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos, lo que habilitó la jurisdicción federal para avanzar con el proceso.
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