El gobierno de Perú extendió este miércoles a todo el país el estado de emergencia (sitio) por 30 días en respuesta a las protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo y la mandataria Dina Boluarte especuló con adelantar para 2023 las elecciones generales, en dos medidas que buscan erosionar las manifestaciones que pueden crecer este jueves con una anunciada movilización nacional.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, explicó que el estado de emergencia constituye una medida de respuesta “contundente y de autoridad” ante las protestas que se registran en varias regiones del país y que dejaron ya ocho muertos a causa del accionar presuntamente abusivo de las fuerzas de seguridad.
Boluarte había deslizado la posibilidad de ampliar el estado de emergencia que ya estaba vigente, por 60 días, en Ica, Arequipa y Apurímac, al resto del territorio.
Este miércoles por la noche había cuatro aeropuertos, los de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, que fueron clausurados, recogió la agencia de noticias Europa Press, y la empresa PerúRail confirmó también la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país.
El Ministerio de Cultura (Mincul), por su parte, anunció el cierre temporal para los turistas de la ciudadela de Machu Picchu.
Las manifestaciones, sin una convocatoria formal y con reclamos disímiles, parecen coincidir en un reclamo de elecciones inmediatas y cierre del Congreso, aunque algunos sectores piden la renuncia de Boluarte o la vuelta de Castillo al Palacio de Pizarro.
Boluarte atendió al menos una de las demandas al estimar que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023, “haciendo reajustes, conversando”.
“Legalmente, los tiempos calzarían para abril del 2024, pero concluimos que esto se puede adelantar a diciembre de 2023”, indicó, y explicó que técnicamente “no es posible” votar antes de esa fecha.
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