Argentina registró 36 femicidios durante octubre, la cifra mensual más alta desde 2022, según el último relevamiento del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”. Con estos casos, el total de mujeres y personas de la diversidad víctimas de violencia machista extrema llegó a 239 desde el 1° de enero hasta el 30 de octubre.
El informe advierte que en el país se produce un femicidio cada 30 horas y que, como consecuencia de estos crímenes, 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres. Además, el relevamiento contabilizó 728 intentos de femicidio en lo que va del año.
Entre los casos mencionados por la organización aparece el de Natalia Giménez, asesinada en Rosario. Según el Observatorio, el crimen tuvo vinculación con prestamistas que la amenazaban por el cobro de una deuda con intereses usurarios.
El documento también destaca otros episodios ocurridos en el país, como el femicidio de Nanci Godoy, una maestra rural de Corrientes que permaneció desaparecida durante 20 días y había denunciado las condiciones en las que estudiaban los niños y niñas de la zona.
Asimismo, menciona los asesinatos de Débora, Bárbara, Tatiana y Daniela, quienes ejercían el trabajo sexual. Frente a estos casos, la organización reclamó mayor protección y derechos, y cuestionó la estigmatización de las víctimas y el tratamiento centrado en la espectacularización de los crímenes.
La vulnerabilidad económica y la violencia machista
En su análisis, el Observatorio relacionó el crecimiento de la vulnerabilidad económica con las condiciones que atraviesan mujeres y disidencias sexogenéricas. Entre los factores señalados aparecen la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento, el pluriempleo y la sobrecarga física y mental.
La organización sostuvo que la precariedad económica y la falta de respuestas estatales profundizan los escenarios de vulnerabilidad frente a las violencias de género.
A partir de los datos, reclamó al Estado nacional el cumplimiento de las normativas vigentes para la prevención y asistencia de las víctimas, además de políticas públicas más fuertes por parte de los gobiernos provinciales.
El informe concluye con un pedido de justicia por las víctimas y la consigna: “¡Emergencia Ni Una Menos! El Estado es responsable”.
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