La megacausa por el fentanilo contaminado, considerada la peor crisis sanitaria, entra en una etapa clave: la Justicia definió las fechas de las audiencias indagatorias para los acusados, en el marco de una investigación que ya vincula el caso con 111 muertes.
El proceso judicial tiene como eje a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, y apunta a determinar responsabilidades en la producción y distribución de ampollas contaminadas que fueron administradas a pacientes que fallecieron posteriormente.
Las audiencias comenzarán el jueves 16 de abril a las 11, continuarán el lunes 20 y finalizarán el martes 21, mientras que previamente, el lunes 13 de abril, se realizará la última pericia del Cuerpo Médico Forense sobre una paciente de 38 años que se sumó recientemente como querellante.
Quiénes serán indagados y cuándo
En la primera jornada del 16 de abril, serán citados:
- Ariel Fernando García Furfaro, propietario
- Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA
- María Victoria García y Eduardo Darchuk, responsables de la cadena de producción
El lunes 20 de abril, en el mismo horario, deberán presentarse:
- José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes
- Nilda Furfaro, directiva de las sociedades
- Wilson Daniel Pons, también vinculado a la producción
- Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay
Finalmente, el martes 21 de abril será el turno de:
- Javier Martín Tchukran, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA
- Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, ligados a la cadena productiva
- Diego Hernán García, directivo en ambas compañías
En total, hay 14 empresarios, accionistas y técnicos procesados. Según se desprende de la investigación, todos conocían la contaminación en las ampollas dentro de las empresas. Además, el expediente judicial sostiene que hubo falta de controles por parte de las autoridades y ausencia de seguimiento de las entidades públicas, lo que permitió que el fentanilo contaminado fuera aplicado a pacientes en distintos centros de salud.
El avance hacia las indagatorias marca un punto central en la causa, donde la Justicia buscará determinar responsabilidades penales en un caso que sacudió al sistema sanitario y dejó en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control.
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