El Ministerio de Economía tomó una decisión drástica para garantizar el suministro eléctrico del país: suspender por seis meses los derechos antidumping que protegían la fabricación nacional de aisladores de porcelana. La medida, oficializada este martes mediante la Resolución 345/2026, responde a un hecho irreversible: el cierre de FAPA (Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino S.A.), la única empresa que producía estos insumos en todo el territorio argentino.
Lo curioso del caso es que fue la propia industria protegida la que solicitó dar de baja el beneficio tras cesar sus operaciones y rematar toda su maquinaria. Al no existir más producción local, mantener los impuestos a la importación se transformó, según la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), en un “obstáculo inmediato” para el sistema energético, encareciendo y demorando obras críticas en la red eléctrica y de transformadores.
Los derechos antidumping ahora suspendidos estaban vigentes desde 2015. Durante una década, el Estado aplicó recargos aduaneros a los aisladores provenientes de China, Brasil y Colombia para cuidar el mercado interno.
Sin embargo, con el desmantelamiento de la última planta del sector —que cubría el 70% del consumo nacional—, el Gobierno priorizó evitar “costos injustificados” para las distribuidoras y constructoras eléctricas.
La suspensión alcanza a los aisladores de porcelana de montaje rígido, de suspensión y pasantes para transformadores (con tensiones de hasta 60 kV).
A partir de ahora, estos componentes críticos para la infraestructura energética podrán ingresar al país sin las penalidades económicas que rigieron durante los últimos diez años, buscando asegurar la estabilidad del servicio público.
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