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Financiamiento educativo: qué dijo la UNR sobre el fallo de la Justicia

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar salarios docentes y becas estudiantiles. El fallo cuestionó la apelación oficial y consideró “bajo” el impacto fiscal de la medida.

Foto: Farid Dumat Kelzi

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó este martes que el Gobierno nacional deberá ejecutar de inmediato la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo contra la medida cautelar dictada en primera instancia.

La decisión de la Justicia Nacional ordena la actualización de salarios del personal de las universidades nacionales y los montos asignados a becas estudiantiles, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso Nacional.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución de primera instancia que admitió la medida cautelar solicitada haciendo lugar al planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)  que obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles.

“Es una gran noticia. Una decisión extremadamente relevante para la comunidad universitaria del país, que valoramos en un contexto delicado como el que atravesamos. Lo que resta es que el gobierno cumpla con la orden judicial”, manifestó Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la UNR.

“Hemos sido muy firmes, responsables y serios a lo largo de este tiempo tan complejo para el sistema universitario y científico. Hemos priorizado siempre los caminos institucionales para reclamar los recursos mínimos e indispensables que el sistema requiere para su funcionamiento y hemos extremado todas las acciones para poder encontrar respuestas. Es un fallo judicial muy claro en sus fundamentos, que ratifica las razones que hemos señalado. Se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y resguarda el derecho al acceso a la educación superior. Este fallo no sólo da cuenta de la demanda de la comunidad universitaria del país, sino de la sociedad en su conjunto. Ahora el Gobierno Nacional debe aportar las respuestas cumpliendo con lo que la ley dispone y la justicia ordeno”, agregó.

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