El Gobierno nacional apeló la intimación judicial que le había dado cinco días para cumplir de manera total con la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación fue realizada el viernes ante el juez Martín Cormick, quien deberá resolver ahora si acepta el planteo.
El Ejecutivo también pidió que se deje sin efecto la posibilidad de aplicar multas por cada día de demora. Según la posición oficial, ya cumplió con las obligaciones establecidas por la medida cautelar y presentó documentación para respaldarlo.
El Estado utilizó una estrategia procesal en dos etapas: presentó un recurso de revocatoria ante el propio Cormick y dejó planteada una apelación en subsidio en caso de que el magistrado mantenga la intimación. Por eso, el expediente todavía no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
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Desde Nación señalaron: “Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento”.
A partir de esa posición, el Gobierno solicitó que se deje sin efecto cualquier aplicación de astreintes, las multas económicas previstas ante un eventual incumplimiento.
Qué había resuelto el juez
El planteo oficial responde a una resolución que Cormick dictó el 22 de septiembre. En esa decisión, el juez consideró que no existía un cumplimiento total de la cautelar, que se encuentra firme, y ordenó al Ejecutivo completar las obligaciones en un plazo de cinco días.
La resolución contemplaba además la posibilidad de aplicar astreintes por cada jornada de demora.
La defensa del Estado cuestionó que el magistrado no haya especificado qué parte de la cautelar considera incumplida. Según el escrito presentado por el Gobierno, el Ejecutivo ya había informado el 21 de septiembre las medidas adoptadas y acompañado documentación sobre su cumplimiento.
Qué establece la cautelar
La medida judicial ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
El artículo 5 establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, contempla negociaciones paritarias periódicas y fija un mecanismo de recomposición. El artículo 6 dispone una recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En relación con los salarios, el Gobierno sostiene que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 acumularon una recomposición del 226,8%. El Ejecutivo compara ese porcentaje con una variación del IPC del 226,46% entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
Los gremios universitarios cuestionan ese cálculo y sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente.
El expediente también incluye la situación de las becas estudiantiles. El Ministerio de Capital Humano presentó documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado durante este año a $187.495.
Al mismo tiempo, el Estado mantiene una interpretación restrictiva sobre qué otros programas de becas están alcanzados por la cautelar.
Qué pide ahora el Gobierno
El Ejecutivo cuestionó además la posibilidad de aplicar multas al Estado Nacional y pidió que se revoquen tanto la intimación como el apercibimiento económico.
La defensa oficial sostiene que ya acreditó el cumplimiento mediante transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación relacionada con las becas.
Además, si Cormick rechaza el recurso de revocatoria y habilita la apelación subsidiaria, el Gobierno pidió que tenga efecto suspensivo. De esa manera, busca evitar que la intimación continúe ejecutándose mientras la Cámara analiza el planteo.
La cautelar original no volvió a quedar en discusión. La medida fue dictada en diciembre de 2025, luego confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara en junio el recurso extraordinario presentado por el Estado.
La discusión actual es otra: determinar si el Gobierno cumplió efectivamente con la cautelar y si corresponde mantener la intimación y aplicar las multas.
La negociación por el Presupuesto
Mientras continúa el conflicto judicial, el Ejecutivo también busca mantener abierta una negociación con rectores y gremios universitarios durante el tratamiento del Presupuesto 2027.
Desde Nación sostienen: “No vamos a ceder. Queremos negociar y desestimar el fondo judicial, pero no vamos a entregar cualquier cosa”.
El objetivo oficial es alcanzar un acuerdo sobre fondos y salarios que permita modificar el escenario del conflicto judicial.
Ahora, la próxima decisión estará en manos de Cormick. Si acepta la revocatoria, podrá dejar sin efecto la intimación. Si la rechaza, deberá resolver sobre la apelación subsidiaria y definir si la concede con el efecto suspensivo solicitado por el Gobierno. Recién entonces el planteo podrá ser revisado por la Cámara.
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