La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, abrió un nuevo capítulo en la causa que tiene detenido a Fernando Cerimedo y volvió a poner bajo la lupa los vínculos entre el consultor argentino, funcionarios bolivianos y el entorno político de Donald Trump.
Mariaca fue aprehendido junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y otros funcionarios durante una serie de operativos realizados en distintas ciudades del país. El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que investiga una presunta organización criminal vinculada con el narcotráfico y afirma que el procedimiento se realizó dentro de la legislación boliviana.
En diálogo con Río 96.9, el periodista boliviano Windsor Salas explicó que el operativo se desencadenó después de la captura del mayor Rubén Aparicio Villarroel, exedecán del exministro Eduardo Del Castillo. Según el relato difundido por las autoridades, sus declaraciones habrían aportado información sobre los vínculos investigados.
Uno de los elementos centrales del expediente es un audio registrado durante la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Allí, Marset habría dicho que Mariaca era su amigo. El gobierno boliviano utiliza ese material, junto con otros elementos, para sostener las acusaciones contra el fiscal. Mariaca, en cambio, había denunciado que las acusaciones podían estar relacionadas con las investigaciones que llevaba adelante, entre ellas la causa contra Cerimedo.
El dinero incautado y los operativos
Durante los procedimientos también fueron secuestradas importantes sumas de dinero. Según información oficial citada por medios bolivianos, se encontraron más de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares en una ambulancia que había salido de las inmediaciones del domicilio de Mariaca. Posteriormente se incautó otro millón de bolivianos en Sucre, vinculado al edecán del fiscal.
En total, los operativos dejaron más de 4,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares incautados, mientras la investigación continúa para determinar el origen del dinero y las responsabilidades de los involucrados.
El Gobierno sostiene que Mariaca y los demás funcionarios son investigados por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Las acusaciones todavía forman parte de una investigación y Mariaca ha rechazado que exista una justificación para su detención.
Nadia Beller apuntó directamente a Cerimedo
En paralelo, Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo y denunciante en la causa que lo investiga por el ataque que sufrió, cuestionó duramente la detención del fiscal.
En otra entrevista radial, Beller recordó que Estados Unidos había revocado días antes la visa de Mariaca y sostuvo que esa decisión estuvo vinculada a acusaciones de corrupción y presuntos nexos con el narcotráfico. La medida también alcanzó a otros funcionarios bolivianos.
Beller contó que, poco después de publicar fotografías de Cerimedo junto a Donald Trump Jr., Brad Parscale y Andy Rivas, comenzó a preguntarse si la decisión estadounidense podía afectar las investigaciones que involucraban al argentino. Según su relato, posteriormente funcionarios del Ejecutivo boliviano reclamaron que Mariaca se apartara de su cargo.
La abogada también cuestionó el momento en que apareció el audio de Marset. Su argumento es que la grabación había sido realizada meses atrás y que, pese a eso, Mariaca fue detenido recién después de que avanzaran las investigaciones que involucran a Cerimedo.
“¿Por qué ahora que lo investiga a Cerimedo y a la familia del presidente se llevan al fiscal general?”, planteó Beller durante la entrevista.
La denunciante también comparó ese episodio con otro audio difundido por el vicepresidente boliviano Edmand Lara, en el que, según Beller, aparecería Cerimedo hablando sobre pagos vinculados con vuelos de avionetas. La existencia y el contenido de ese material forman parte de las denuncias que se encuentran bajo investigación.
La advertencia sobre la causa contra Cerimedo
Beller sostiene que la salida de Mariaca puede afectar directamente el expediente contra su expareja. También denunció que efectivos policiales ingresaron a dependencias de la Fiscalía y advirtió sobre el riesgo de que se pierdan o alteren pruebas, aunque no existen pruebas públicas que permitan afirmar que eso haya ocurrido.
Mientras tanto, Mariaca, Zeballos e Irusta recurrieron a la Justicia para cuestionar sus aprehensiones. La situación procesal de los funcionarios quedó así en manos de las autoridades judiciales bolivianas, en medio de una creciente disputa institucional.
El caso suma así nuevos protagonistas y cruza tres investigaciones sensibles: las acusaciones de narcotráfico contra funcionarios bolivianos, el expediente contra Cerimedo y las denuncias de Beller sobre el ataque que sufrió. Por ahora, las acusaciones cruzadas continúan bajo investigación y no existe una resolución judicial que confirme las imputaciones planteadas por ninguna de las partes.
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