Se terminó la impunidad para las maniobras temerarias en los médanos de Pinamar. En un fallo contundente dictado este lunes, el juez Félix Adrián Ferrán ordenó la suspensión total de las actividades recreativas motorizadas en el sector conocido como “La Frontera”. La medida llega a tres semanas de la tragedia que dejó al pequeño Bastián con heridas de extrema gravedad, un hecho que volvió a poner en el ojo de la tormenta la falta de control en la zona.
La resolución no deja lugar a dudas: prohíbe pruebas de destreza, competencias y cualquier tipo de pirueta con camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motos. Lo más destacado del fallo es que la prohibición rige incluso para los predios de titularidad privada. El magistrado destrozó el argumento de la Municipalidad de Pinamar, que se excusaba en la propiedad privada para no intervenir, y sentenció que el Estado debe garantizar la vida ante siniestros que se repiten temporada tras temporada.
La medida cautelar, impulsada por un amparo del ex director de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, establece que el “cese inmediato” se mantendrá vigente hasta que el municipio cumpla con tres requisitos básicos: señalización clara, delimitación de zonas y una supervisión efectiva que hoy brilla por su ausencia. Para la Justicia, el riesgo de que más niños sigan cayendo como víctimas de estas conductas es inaceptable.
En este febrero de 2026, el fallo marca un precedente histórico para los centros turísticos bonaerenses. Mientras los dueños de los paradores y los fanáticos de los motores protestan por la medida, los familiares de las víctimas celebran un límite que llega tarde, pero con firmeza. Ahora, la pelota está del lado de la intendencia, que deberá decidir si invierte en controles reales o si clausura definitivamente el mayor atractivo —y peligro— de sus playas del norte.
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