La Justicia federal de Entre Ríos logró desbaratar un alarmante plan criminal ideado desde el interior de una unidad penitenciaria, en el que un narco detenido habría intentado ordenar los asesinatos de dos altos funcionarios del Poder Judicial. El principal implicado es Leonardo Airaldi, más conocido como el “gaucho narco”, actualmente alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde esperaba ser juzgado por una causa de narcotráfico de gran magnitud.
Según fuentes judiciales, la investigación comenzó tras el testimonio de un recluso vinculado al mundo del narcotráfico, quien declaró ante la Justicia que Airaldi había intentado contratar a un sicario uruguayo ofreciéndole 40 000 dólares para matar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, en lo que habría sido un golpe letal dirigido a operadores clave del proceso que debía comenzar en su contra.
El plan contemplaba incluso que las víctimas fueran ejecutadas en el exterior, en zonas turísticas de Uruguay, mientras se encontraban de vacaciones. Sin embargo, la pesquisa reveló que ninguno de los magistrados tenía programado ningún viaje al país vecino, lo que no impidió que se iniciara de inmediato la investigación judicial.
La gravedad de lo denunciado llevó al juez federal Hernán Viri, a pedido del fiscal Pedro Rebollo, a ordenar un allanamiento en el pabellón donde está alojado Airaldi. En el operativo, con participación de Gendarmería Nacional y la Policía de Entre Ríos, se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones, documentación y drogas, que ahora están siendo analizados para ampliar la investigación y buscar más evidencias que confirmen la organización del plan.
La acción no sólo apuntaba a eliminar a los funcionarios judiciales, sino que también tenía un claro objetivo: impedir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas, previsto para los próximos días en la Justicia federal de Paraná. Ese juicio es considerado clave para descabezar una red de narcotráfico con ramificaciones en varias provincias.
La noticia generó una inmediata reacción en los ámbitos judiciales y políticos. Las autoridades dispusieron medidas de protección reforzadas tanto para el juez Ríos como para el fiscal Candioti, mientras que desde organismos como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresaron su preocupación por el ataque directo a pilares del Estado de derecho.
El caso Airaldi vuelve a poner de manifiesto los desafíos que enfrenta la Justicia en el combate contra las organizaciones narco, no sólo en su accionar fuera de las cárceles, sino también en su capacidad de influir y ordenar delitos desde dentro del sistema penitenciario. En Rosario y en toda la región, la causa es observada con atención por su impacto institucional y por lo que revela sobre los vínculos entre el narcotráfico y el ejercicio de la violencia contra quienes investigan y juzgan estos delitos.
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