Un nuevo capítulo se abrió en la disputa por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional no deberá tramitarse en la Justicia Nacional del Trabajo, sino en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
La decisión, que se conoció en las últimas horas, implica un cambio central en el rumbo del expediente y representa un guiño para la Casa Rosada, que buscaba precisamente ese traslado. Ahora, el Gobierno confía en que en este nuevo ámbito judicial se revierta la medida que suspendió parte de la norma.
El conflicto se originó tras la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo, que solicitó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, al considerar que vulneran derechos fundamentales de los trabajadores.
Entre los puntos cuestionados figuran principios como la progresividad, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, todos protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano, en representación del Estado, pidió que la causa se tramite en el fuero contencioso administrativo, al entender que se trata de una discusión sobre actos del Estado y derecho público, y no sobre relaciones laborales individuales.
La jueza Marra Giménez coincidió con este planteo y determinó que el caso debe ser tratado por la justicia federal, al considerar que permitir que lo resuelva el fuero laboral “alteraría el sistema federal y el control de los actos del Estado”.
Qué implica la decisión
El fallo establece que el fuero Contencioso Administrativo Federal tiene competencia exclusiva para analizar la demanda. En consecuencia, ordena al Juzgado Nacional del Trabajo N°63 remitir el expediente; en caso de negarse, la causa será elevada a la cámara correspondiente.
Esta resolución marca un criterio claro: las impugnaciones contra políticas públicas o normas generales del Estado deben tramitarse en el ámbito federal, mientras que los conflictos laborales individuales seguirán en la Justicia del Trabajo. Además, la decisión se alinea con la doctrina de la Corte Suprema, reforzando el rol del fuero federal en el control de legalidad de las reformas estructurales.
A fines de marzo, el juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, había dictado una medida cautelar que suspendió 83 artículos de la reforma laboral, tras el planteo de la CGT.
El magistrado justificó la decisión al advertir que la aplicación de la norma podría generar consecuencias graves: “La posible aplicación de las normas atacadas… podría causar daños irreparables a los derechos individuales y colectivos”.
La suspensión, de carácter provisorio, alcanzó a múltiples aspectos clave de la reforma, entre ellos:
- Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo
- Modificaciones en jornadas y vacaciones
- Alteraciones en la representación sindical
- La derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555)
- Flexibilización de condiciones salariales y despidos
- Restricciones en la responsabilidad solidaria de empleadores
- Exclusión de trabajadores de plataformas de ciertos derechos
Con el traslado del expediente, la apelación de esa medida cautelar será definida por otro fuero, lo que abre un nuevo escenario judicial. Mientras tanto, la causa sigue abierta y sin resolución de fondo. El eje de la discusión continúa siendo si la reforma laboral respeta o no los derechos constitucionales de los trabajadores.
En este contexto, el fallo de Macarena Marra Giménez no define la validez de la ley, pero sí reconfigura el terreno donde se jugará una de las disputas judiciales más relevantes del año.
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