El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu se excusó de integrar el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que tiene a su cargo el juicio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner y a otros imputados en la causa conocida como Los Sauces-Hotesur.
La decisión fue confirmada este jueves por fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas y se da luego de que el magistrado evaluara que su imparcialidad podría verse afectada, debido a su participación previa en la condena contra la ex mandataria en el expediente Vialidad.
La causa Los Sauces-Hotesur investiga una presunta asociación ilícita destinada al lavado de dinero. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la familia Kirchner habría alquilado hoteles y propiedades a empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa como contraprestación por obras públicas otorgadas durante sus gobiernos.
Giménez Uriburu había sido sorteado para completar la integración del tribunal el pasado 26 de diciembre, pero a los pocos días presentó su excusación. En su escrito, argumentó que en la sentencia de la causa Vialidad —donde Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta— valoró pruebas que volverán a ser analizadas en este nuevo proceso, lo que podría configurar un escenario de prejuzgamiento.
El planteo del juez coincide con el pedido realizado previamente por los abogados defensores de Fernández de Kirchner, quienes habían solicitado su apartamiento por idénticos motivos. La definición ahora quedó en manos de los jueces Adriana Palliotti y José Michilini, los otros dos integrantes del TOF 5.
Lo que viene
En caso de que la excusación sea aceptada, se realizará un nuevo sorteo para completar la integración del tribunal. No obstante, Giménez Uriburu continuará vinculado a la situación judicial de la ex presidenta: en 2026 presidirá el Tribunal Oral Federal 2, encargado de ejecutar la condena dictada en la causa Vialidad, donde deberá resolver eventuales pedidos de prisión domiciliaria y supervisar la ejecución de bienes.
En paralelo, la Justicia resolvió no habilitar la feria judicial de enero para tratar cuestiones vinculadas a las restricciones derivadas de la detención de la ex mandataria en ese expediente.
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