La causa por los presuntos abusos perpetrados en el seno familiar del entorno de Sofía Delgado, la joven de 20 años brutalmente asesinada en la provincia de Santa Fe en 2024, sumó un escandaloso episodio judicial. Esteban Ramón Delgado, padre de la víctima, fue encarcelado nuevamente pocas semanas después de haber quedado en libertad debido a un error de gestión dentro del Ministerio Público de la Acusación.
La nueva detención se concretó luego de que el imputado violara de forma flagrante la orden judicial de restricción de acercamiento fijada hacia las víctimas, desencadenando la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.
El acusado, que se encontraba privado de su libertad desde diciembre de 2024 bajo la imputación de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, había obtenido la excarcelación por disposición del juez Ariel Cattáneo. El beneficio se otorgó al constatarse el vencimiento del plazo estipulado para la prisión preventiva. La liberación se produjo debido a que la fiscalía omitió presentar la correspondiente solicitud de prórroga dentro de los tiempos legales establecidos, lo que derivó en la inevitable resolución judicial a favor del imputado.
El desacierto procesal ocurrió durante la transición de la investigación entre fiscales. La causa había sido traspasada del fiscal Maximiliano Nicosia al fiscal Javier Paz a comienzos de junio, momento en el cual la medida cautelar aún mantenía vigencia y requería una petición formal de extensión para evitar el cese de la prisión.
Tras consumarse el vencimiento de los plazos y la posterior liberación, las autoridades de la Fiscalía Regional ordenaron la apertura de un relevamiento e investigación interna con el propósito de determinar las responsabilidades administrativas y funcionales en la omisión del trámite.
A la falla en el mantenimiento de la prisión cautelar se le añadió una controversia adicional vinculada a las condiciones de su excarcelación. Al momento de recuperar la libertad, a Delgado se le fijó un domicilio legal ubicado a escasos 300 metros de la residencia de los hermanos de Sofía Delgado.
Gabriel Filippini, abogado querellante en representación de la familia, calificó la situación como inaceptable y remarcó la falta de resguardo hacia las víctimas al otorgar una fijación domiciliaria tan cercana al entorno familiar vulnerable.
La libertad condicional de Delgado duró menos de 20 días. La alerta definitiva se activó cuando las propias víctimas denunciaron la presencia del hombre en las inmediaciones del domicilio, lo que configuró de manera inmediata el delito de desobediencia a una orden judicial y violación de perímetro.
Tras la presentación formal y la rápida constatación del incumplimiento de las reglas de conducta dispuestas por la Justicia, las autoridades policiales procedieron a su reubicación en una unidad penitenciaria, restableciendo la medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.
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