La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, en una sesión que se extendió durante casi 12 horas y estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
Minutos después de la votación, el presidente Javier Milei celebró la aprobación definitiva a través de sus redes sociales y mediante un comunicado oficial difundido por la Oficina de Presidencia, en el que destacó que la modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias” para la utilización de sus recursos.
Desde el Gobierno señalaron que la reforma “aclara con precisión científica” cuáles son las áreas que deben seguir bajo estricta protección ambiental, en referencia a glaciares y geoformas periglaciales con funciones hídricas, al tiempo que habilita, bajo evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación minera en terrenos que, según la nueva interpretación, habían sido “mal catalogados”.
En el comunicado oficial también se sostuvo que la redacción original de la ley, sancionada en 2010, era “confusa” y generaba restricciones sobre actividades mineras incluso en zonas donde, según el Ejecutivo, no existían recursos ambientales a preservar.
“La reforma histórica elimina distorsiones ideológicas y trabas artificiales que impedían el progreso”, remarcaron desde la Casa Rosada, al tiempo que insistieron en que la nueva normativa busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.
La iniciativa, vinculada a los objetivos del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo y el acompañamiento de gobernadores y funcionarios nacionales y provinciales.
Durante el debate, legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda expresaron un fuerte rechazo al proyecto. Desde esos bloques advirtieron sobre el posible avance de la minería en áreas sensibles y denunciaron una supuesta cesión de recursos estratégicos.
Por su parte, el Gobierno defendió la reforma y aseguró que representa un modelo de “verdadero federalismo ambiental”, al devolver mayor autonomía a las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, estableció un marco de protección sobre glaciares y ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce, y prohibió actividades extractivas de alto impacto en esas zonas.
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