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Gobernadores estaduales y el Tribunal Superior Federal ordenaron desalojar a los bolsonaristas de las rutas

Los gobernadores de los estados brasileños de Minas Gerais, San Pablo y Río de Janeiro, entre otros, dispusieron desalojar los cortes de ruta por parte de manifestantes que desconocen el resultado de la elección presidencial del domingo, en la que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se impuso al mandatario Jair Bolsonaro, después de que la corte suprema definiera sanciones para quienes se resistan.

La decisión de los gobernadores de los tres estados más poblados del país de movilizar a la Policía Militar, que depende directamente de esas administraciones subnacionales, se da después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara a la Policía Federal de Carreteras (PRF por sus siglas en portugués), que depende del gobierno nacional, desbloquear las rutas.

El gobernador reelecto de Minas Gerais, Romeu Zema, que apoyó a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta, defendió la liberación de las rutas

“Ya pedí a nuestras fuerzas de seguridad que tomen las medidas necesarias para despejar cualquier ruta o camino que esté bloqueado por las manifestaciones. Se acabaron las elecciones y ahora hay que garantizar el derecho de ir y venir de todos, y también que la mercadería llegue donde tiene que estar”, aseguró, y agregó: “Cumpliremos la ley”.

En el mismo sentido se pronunció otro aliado de Bolsonaro -que incluso fue orador en el acto de cierre de campaña del Presidente el jueves- el reelecto gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien afirmó hoy que ordenó al Batallón de Choque de la Policía Militar despejar las vías del estado, en apoyo a la PRF, según informó el portal de noticias G1, del Grupo Globo.

En tanto, el gobernador de San Pablo, Rodrigo García, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), consideró inadmisibles los bloqueos en las rutas del estado y dijo que las fuerzas de seguridad locales fueron llamadas para despejar los cortes.

“El bloqueo de rutas es inaceptable. La gente tiene derecho a ir y venir”, dijo García en una publicación en las redes sociales.

Por su parte, el Ministerio Público dijo, por medio de un comunicado, que el Procurador General de Justicia, Mario Sarrubbo, constituyó un núcleo de acción integrado por miembros del Ministerio Público de Vivienda y Urbanismo de la Capital y del Grupo de Trabajo Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (GAECO) para investigar en qué circunstancias se producen los bloqueos.

En Río Grande do Sul se instaló un gabinete de crisis para monitorear los bloqueos y, a través de él, se definió que la Brigada Militar (Policía Militar del estado) utilizará 1.000 policías de los Batallones de Choque para asistir a la PRF en el despeje de las rutas.

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