El conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. Según publicó el diario británico The Guardian, el Gobierno de Londres pidió formalmente a Interpol que rechace eventuales solicitudes argentinas de detención contra personas vinculadas al desarrollo petrolero frente al archipiélago.
La presentación fue enviada a la sede central del organismo, ubicada en Lyon, Francia. En la carta, las autoridades británicas sostuvieron que los pedidos de notificación roja impulsados por Argentina tendrían motivaciones políticas, ya que podrían alcanzar a ciudadanos británicos relacionados con el proyecto.
La iniciativa busca evitar que las herramientas de cooperación policial internacional sean utilizadas en el marco de la disputa por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La disputa por el proyecto Sea Lion
De acuerdo con la publicación británica, la estrategia argentina apunta a avanzar contra quienes participan del emprendimiento petrolero Sea Lion y generar un efecto disuasorio sobre otros posibles inversores.
Desde la administración de las islas, la jefa del gobierno local, Andrea Clausen, cuestionó la posibilidad de que Buenos Aires recurra a Interpol y calificó esa iniciativa como una amenaza. También expresó sus dudas acerca de que el organismo internacional llegue a intervenir.
Clausen afirmó que las autoridades interesadas en el conflicto analizaron las disposiciones de la constitución de Interpol para evaluar qué consecuencias podrían tener las medidas impulsadas por Argentina.
Qué alcance tienen las notificaciones rojas
Las notificaciones rojas son solicitudes destinadas a localizar a una persona buscada por un país y pedir su detención provisional mientras se tramita un eventual proceso de extradición. Sin embargo, no constituyen por sí mismas una orden de arresto internacional.
Interpol examina este tipo de requerimientos antes de difundirlos. Además, cada Estado miembro conserva la facultad de decidir si adopta medidas a partir de una notificación, de acuerdo con su legislación nacional.
Por ese motivo, el planteo británico busca influir en la evaluación que realice el organismo frente a posibles requerimientos argentinos relacionados con la actividad petrolera en las islas.
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