La oposición consiguió imponer su agenda en la Cámara de Diputados y obligó al oficialismo a avanzar con el tratamiento de dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y un paquete de iniciativas destinado a atender la situación de millones de argentinos endeudados.
El resultado quedó expuesto desde el comienzo de la sesión especial. Los bloques opositores reunieron el número necesario para abrir el recinto y, con 249 votos, aprobaron el emplazamiento de las comisiones que deberán discutir los proyectos y avanzar hacia un dictamen.
La Libertad Avanza, el PRO y la UCR no participaron inicialmente de la construcción del quórum y se incorporaron cuando la sesión ya estaba habilitada. Esa decisión dejó al oficialismo con poco margen para bloquear el avance de las iniciativas y terminó abriendo paso a un acuerdo que, aunque fue aprobado por unanimidad, tuvo lecturas políticas diferentes.
El cronograma para discapacidad establece que las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda tendrán una primera reunión informativa el miércoles próximo a las 12. El segundo encuentro, previsto para el miércoles 23 a la misma hora, será destinado a buscar un dictamen.
La misma lógica se aplicará a los proyectos relacionados con el endeudamiento de los hogares. Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia tendrán reuniones informativas el 15 y el 22 de septiembre, mientras que el dictamen quedó previsto para el 29 de septiembre.
El oficialismo buscó mostrar que mantiene el control
Aunque la oposición presentó la votación como una demostración de fuerza parlamentaria, en La Libertad Avanza intentaron relativizar el resultado.
Desde el oficialismo remarcaron que las fechas finalmente aprobadas son prácticamente las mismas que habían sido comunicadas días atrás por los presidentes libertarios de las comisiones involucradas. También destacaron que se evitó enviar los proyectos vinculados con la morosidad a Presupuesto y Hacienda.
La interpretación oficial es que esa decisión impediría que las futuras iniciativas incorporen gastos sin pasar por las instancias correspondientes. Además, el oficialismo conserva la conducción de las comisiones que deberán intervenir en el debate, por lo que considera que tendrá capacidad para influir sobre los dictámenes.
Respecto de la emergencia en discapacidad, fuentes libertarias señalaron que el Gobierno trabaja en una propuesta que permita garantizar las prestaciones de manera permanente y sostuvieron que la cuestión ya se encuentra en proceso de resolución.
Las organizaciones de discapacidad vuelven al centro del debate
La discusión parlamentaria se produce en un contexto de fuerte reclamo por parte del sector. Durante el debate, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino cuestionó la aplicación de las políticas oficiales y aseguró que la situación se agravó desde la aprobación de la emergencia.
Uno de los datos que llevó al recinto fue el de las pensiones no contributivas. Marino afirmó que desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para otorgarlas y que solamente 10.374 fueron resueltos, lo que representa el 11,4%.
También apuntó contra la deuda acumulada con prestadores. Según recordó, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni había informado ante el Congreso que a abril de este año la deuda con ese sector rondaba los 70 mil millones de pesos.
El diputado agregó otro reclamo vinculado con Incluir Salud y sostuvo que durante 2025 se había ejecutado un 15% menos del presupuesto previsto, equivalente, según sus cálculos, a más de 135 mil millones de pesos.
A esto se suma la situación del transporte para personas con discapacidad. Marino afirmó que los prestadores cuestionan el valor reconocido por kilómetro y advirtió que los 900 pesos fijados por el Gobierno harían prácticamente imposible sostener el servicio.
Millones de deudores, el otro frente
El segundo tema que logró avanzar en Diputados tiene como protagonista a un universo mucho más amplio: las familias que acumularon deudas y tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.
El encargado de impulsar formalmente el emplazamiento fue Pablo Juliano, de Provincias Unidas, quien planteó que la morosidad atraviesa a distintos sectores sociales y reclamó que el Congreso discuta el problema por encima de las diferencias partidarias.
El legislador sostuvo que semanas atrás 133 diputados ya habían advertido sobre la dimensión del problema y consideró que el tratamiento parlamentario constituye una oportunidad para abordar una situación que afecta a millones de hogares.
La moción terminó aprobándose sin votos en contra y fijó un calendario concreto para que las comisiones comiencen a analizar las distintas propuestas.
Una señal política para el Gobierno
La jornada dejó un dato que trasciende los dos expedientes: por primera vez en esta discusión, la oposición logró organizarse alrededor de temas concretos y utilizar su mayoría para marcar los tiempos del Congreso.
El oficialismo evitó un enfrentamiento abierto y acompañó los emplazamientos, pero buscará ahora conservar capacidad de negociación desde las comisiones que preside.
El próximo desafío será transformar ese acuerdo parlamentario en dictámenes. Allí comenzará una nueva disputa: la oposición consiguió abrir la puerta al tratamiento, pero La Libertad Avanza todavía conserva herramientas para intervenir sobre el contenido de las iniciativas que finalmente lleguen al recinto.
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