La Justicia del Reino Unido ordenó a la República Argentina revelar información detallada sobre activos en el extranjero, incluyendo contratos con petroleras y cuentas bancarias, para hacer efectivo un fallo que la condenó a pagar más de 1.330 millones de euros por la causa de los cupones atados al PBI. La medida fue dispuesta por el Tribunal Superior de Londres, en el marco del proceso de discovery solicitado por los fondos demandantes.
El litigio fue impulsado por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que acusaron al Estado argentino de haber modificado en 2013 la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) para evitar el pago de los bonos emitidos en 2005 y 2010. Esa decisión se tomó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía.
Qué exige la orden judicial
La resolución obliga al país a entregar datos sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas energéticas y cuentas bancarias en el exterior, con el objetivo de identificar bienes susceptibles de embargo. El procedimiento de discovery permite a los acreedores rastrear activos para garantizar el cobro de la sentencia.
Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, explicó en la red social X: “La Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”.
En 2023, la justicia británica condenó al país a pagar el equivalente a unos USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses). En febrero de 2025, los demandantes ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado para apelar el fallo, recurso que finalmente fue rechazado. Aún restan cerca de 1.000 millones de euros pendientes, según datos oficiales.
El origen del conflicto
La deuda se originó en los cupones PBI, instrumentos creados durante el canje de deuda de 2005 encabezado por Roberto Lavagna. Estos bonos establecían pagos adicionales si el crecimiento económico superaba el 3% anual hasta 2035.
En 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Censos modificó la base de cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, apenas por debajo del umbral necesario para activar el pago. Con la metodología anterior, el crecimiento habría sido del 4,9%. Esa diferencia evitó un desembolso estimado en más de USD 3.600 millones, pero derivó en la demanda internacional.
La decisión judicial también tomó como antecedente la intervención del organismo estadístico en 2007, durante la gestión de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior.
Tensión con los acreedores
En agosto, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional mencionó supuestas conversaciones entre el país y los bonistas, pero los fondos lo desmintieron públicamente. En una carta difundida por PR Newswire afirmaron: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República” y reclamaron que se corrijan “afirmaciones incorrectas” en el reporte.
Los acreedores sostienen además que la Argentina “se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial” y que tampoco está abonando los intereses diarios acumulados.
Con esta nueva orden de la Corte londinense, el conflicto suma un capítulo clave: la exposición de activos estratégicos en el exterior que podrían quedar bajo la mira de embargos, en un momento en que el país busca recomponer su vínculo con los mercados internacionales.
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