La organización ambientalista Greenpeace presentó un pedido ante la Justicia para que se garantice la participación oral de los más de 100 mil inscriptos en las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para debatir la reforma de la ley de Glaciares.
Las audiencias están previstas para los días 25 y 26 de marzo, pero según el esquema actual solo podrían exponer alrededor de 400 personas —200 de manera presencial y otras 200 de forma virtual—, mientras que el resto debería enviar su participación por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, actualmente subrogado por el juez Enrique V. Lavié Pico.
En su presentación, Greenpeace solicitó que se ordene al Congreso garantizar la participación oral de todos los inscriptos y que se readecue el cronograma mediante la ampliación de las jornadas o la incorporación de nuevas instancias. “Se requiere la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir una participación efectiva”, señalaron.
Además, la organización cuestionó los mecanismos alternativos propuestos, como la presentación de videos, al considerar que “restringen la participación oral” y no cumplen con estándares básicos de acceso ciudadano.
El reclamo también incluye la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de las audiencias, tanto presenciales como virtuales, para asegurar su transparencia y adecuación a los principios del Acuerdo de Escazú.
Desde el ámbito parlamentario, fuentes consultadas advirtieron que si se aceptara el pedido en su totalidad, podrían necesitarse hasta 500 días para que todos los inscriptos expongan. En ese marco, sectores de la oposición plantean la necesidad de encontrar un punto intermedio entre garantizar la participación y evitar una extensión excesiva del proceso.
La organización también rechazó la resolución impulsada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, que estableció un criterio de selección limitado para los expositores.
El debate se da en torno a la reforma de la ley de Glaciares ya aprobada por el Senado, en un contexto de fuerte interés público y alta participación ciudadana.
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