
Los herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron ante la Justicia una medida cautelar para intentar detener el traslado del sable corvo del general José de San Martín, una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina. La acción judicial, impulsada por Mercedes, María Rosa y Sebastián Terrero junto a sus familiares, busca que el arma permanezca en el Museo Histórico Nacional tal como fue donada en 1897, argumentando que su cambio de custodia podría afectar el patrimonio histórico y cultural de la Nación.
La acción, que incluye una solicitud de “prohibición de innovar”, apunta a suspender cualquier acto tendiente a mover el sable del museo ubicado en Defensa al 1600, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según los demandantes, “cualquier modificación respecto del destino del sable corvo alteraría de manera directa el patrimonio histórico y cultural de la Nación, como también violaría el cargo oportunamente asignado como condición en la donación”.
La controversia se desató luego de la firma del Decreto 81/2026 por parte del presidente Javier Milei, que ordena la transferencia de la pieza al Regimiento de Granaderos a Caballo, con sede en Palermo, donde quedará bajo custodia permanente del cuerpo militar fundado por el Libertador. Esta decisión busca reforzar el vínculo histórico entre el arma y la institución, pero fue cuestionada por los herederos, que sostienen que el decreto “no puede ser que por capricho del Presidente se vaya en contra de la decisión de los donantes”.
La medida cautelar presentada será analizada por la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, y de admitirse antes de la fecha prevista para el traslado, podría frenar la mudanza del sable y cancelar el acto oficial programado.
El sable corvo —adquirido por San Martín en Londres en 1811 y legado al Estado argentino con la condición de ser exhibido en el museo— ha sido objeto de disputas en el pasado. Tras robos en la década de 1960, estuvo bajo custodia de los Granaderos hasta que en 2015 fue devuelto al Museo Histórico Nacional por una decisión oficial anterior.
La disputa actual no solo plantea un debate jurídico, sino también un intenso cruce político y cultural sobre la custodia de este símbolo patrimonial, que ha generado rechazo en sectores académicos, organizaciones históricas y parte de la sociedad.
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