El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. La votación terminó con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras un extenso y tenso debate que expuso profundas diferencias políticas y jurídicas.
La iniciativa, impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, ya había recibido media sanción en Diputados y ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
El festejo oficialista: “El que las hace, las paga”
Tras la sanción, el Gobierno celebró el resultado. El presidente Javier Milei publicó en redes: “El que las hace las paga”.
Por su parte, el jefe de Gabinete Manuel Adorni sostuvo: “El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Ahora hay castigo donde antes había impunidad”.
Desde la Oficina del Presidente señalaron: “La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad” y remarcaron: “Delito de adulto, pena de adulto”.
Además, afirmaron que la reforma “salda una deuda histórica” y que permitirá terminar con la “impunidad y el caos que reinó durante décadas”.
En el recinto, Bullrich defendió con énfasis la norma: “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”.
Y agregó: “Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.
La senadora cerró su discurso con un fuerte mensaje político: “Hoy votamos justicia, responsabilidad. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.
Críticas del peronismo: inconstitucionalidad y falta de fondos
Desde el bloque peronista rechazaron la norma por considerarla excesivamente punitiva y con un presupuesto insuficiente para su implementación.
La ley destina $23.700 millones para el nuevo sistema en todo el país. Según datos del Servicio Penitenciario Federal, el costo del metro cuadrado de construcción es de $3,2 millones, lo que permitiría edificar apenas 7.400 metros cuadrados. Dividido entre los 24 distritos, cada provincia recibiría unos 308 metros cuadrados.
El senador Jorge Capitanich advirtió:
“Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
En la misma línea, la senadora Lucía Corpacci sostuvo:
“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo. Esta ley no es la solución de nada”.
El senador Gerardo Zamora cuestionó la constitucionalidad del proyecto y anticipó mayor litigiosidad:
“En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.
El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo de Martín Soria, quien lanzó una dura crítica:
“Este proyecto sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
Desde el oficialismo, el senador Luis Juez respondió:
“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias”.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con procedimientos diferenciados y garantías específicas.
Entre sus principales puntos:
- Presunción favorable a la minoría de edad.
- Prohibición de compartir espacios judiciales o penitenciarios con adultos.
- Principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad.
- Prioridad en la resocialización.
- Derecho del adolescente a ser escuchado y a la participación activa de su familia.
El capítulo dedicado a las víctimas garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, posibilidad de intervenir en audiencias y participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
El sistema de sanciones será progresivo y diversificado, incluyendo:
- Medidas educativas.
- Tareas comunitarias.
- Monitoreo electrónico.
- Reparación del daño.
- Restricciones de circulación.
La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente respecto de adultos.
También se incorpora la figura del supervisor judicial especializado, encargado de monitorear la reinserción. La libertad condicional requerirá aval del Ministerio Público Fiscal y condiciones específicas.
Para menores inimputables, el texto prevé intervención judicial bajo la órbita civil con medidas curativas o protectoras. Además, establece la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
Tras la aprobación, el oficialismo afirmó que con esta ley “Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa” y reafirmó su consigna:
“En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
Mientras tanto, la oposición anticipa cuestionamientos judiciales y advierte que el verdadero impacto dependerá de la reglamentación y del financiamiento efectivo en las provincias.
La baja de la edad de imputabilidad ya es ley. El debate sobre sus consecuencias, sin embargo, acaba de comenzar.
Comentarios