El Congreso de México aprobó este miércoles una reforma clave del sistema laboral que establece la reducción gradual de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales, sin afectar salarios ni prestaciones. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, superó sin mayores obstáculos su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde fue respaldada por una amplia mayoría.
Tras una sesión maratónica de más de ocho horas, el proyecto obtuvo 411 votos a favor y 58 en contra en la Cámara baja, dominada por el oficialismo. La reforma constitucional ya había recibido el aval del Senado a comienzos de mes y ahora deberá ser ratificada por los congresos estatales para su promulgación definitiva.
Según el texto aprobado, la reducción de la jornada laboral se implementará de manera progresiva: a partir de 2027 se recortarán dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. Durante 2025 y 2026 se abrirá un período de adecuación para que empresas y trabajadores reorganizen procesos productivos, contratos y esquemas de trabajo.
La normativa aclara que el cambio no implicará una disminución de los salarios ni de los derechos laborales vigentes. Además, se fijó un nuevo tope para las horas extra: hasta 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas por día y no más de cuatro días a la semana. También se prohibió que menores de 18 años realicen jornadas extraordinarias.
Si bien se redujo la carga horaria semanal, el oficialismo mantuvo el esquema de al menos un día de descanso cada seis días trabajados y rechazó la propuesta opositora de ampliar ese descanso a dos jornadas.
Con esta reforma, México se alineará con estándares internacionales ya adoptados en distintos países de Europa, Asia y América Latina. En la región, Chile, Colombia, Brasil y República Dominicana avanzaron en los últimos años hacia jornadas laborales de entre 40 y 42 horas semanales.
El gobierno estima que la medida beneficiará inicialmente a unos 13,5 millones de trabajadores, aunque analistas proyectan que el impacto podría alcanzar a cerca de 30 millones de personas, casi la mitad de la población económicamente activa del país.
Desde el sector empresario, las opiniones están divididas. Mientras algunos especialistas consideran que la gradualidad permitirá absorber los cambios sin afectar la estructura de costos, otros advierten que la reforma implicará inversiones, nuevas contrataciones y ajustes en los mecanismos de productividad.
Pese a las diferencias, el avance legislativo marca un punto de inflexión en la política laboral mexicana y abre un proceso de transformación que se extenderá durante los próximos años.
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