El gobierno porteño evalúa la posibilidad de llevar a la Justicia las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo ante la ola de contagios. Se analiza interponer un amparo directo ante la Corte Suprema para defender las clases presenciales y que se deje sin efecto la virtualidad dispuesta por Alberto Fernández durante dos semanas.
Desde el gobierno porteño también barajan la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad o también ante el Contencioso Administrativo Federal.
Los argumentos son que se viola la autonomía que tienen las provincias y la Capital Federal de decidir sobre la educación.
Explicaron desde el gobierno de Rodríguez Larreta que el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad que determina que las autoridades “tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la constitución nacional”.
No es la primera vez que el gobierno porteño este año va a la Corte por un conflicto con el Ejecutivo ya que lo hizo con la cuestión de los fondos de la coparticipación federal. La Ciudad presentó un amparo contra el DNU, también contra la ley del Congreso. Esta semana, después de muchos meses sin decisiones, la Corte llamó a audiencia para el 21 de abril.
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