La investigación avanza con un cuadro que lo compromete cada vez más al juez federal Gastón Salmain, y que lo coloca como pieza central de un entramado que, según los fiscales, combinó cohecho, direccionamiento de causas y resoluciones a medida.
Qué sostienen los fiscales: una maniobra deliberada para mover u$s 10 millones
La imputación contra Salmain surge a partir del trabajo de un equipo de fiscales compuesto por Federico Reynares Solari y Matías Scilabra (UFR), Diego Velasco y Juan Argibay Molina (PROCELAC), y Sergio Rodríguez y Esteban Venditti (PIA).
Todos coinciden en que existen motivos suficientes para sospechar que Salmain, Whpei y el abogado Santiago Busaniche integraron una estructura dedicada a cometer delitos entre septiembre de 2023 y abril de 2024.
Según el Ministerio Público Fiscal, los tres habrían pergeñado una maniobra para sacar al exterior u$s 10.000.000, manipulando un expediente del Juzgado Federal N°1 —que estaba a cargo de Salmain— para favorecer financieramente a Whpei y al entramado societario de Attila Fideicomisos, Grupo Unión SA y Lancers SA.
A cambio de ese beneficio, Salmain y Busaniche habrían solicitado el 10% de la diferencia entre dólar oficial y dólar blue: unos u$s 200.000.
Reuniones, expedientes direccionados y resoluciones clave
La causa detalla que Salmain se reunió en su despacho con Whpei al menos una vez, el 2 de septiembre de 2023, donde el empresario le entregó un escrito vinculado a la maniobra. El juez habría adelantado su criterio técnico y derivado el resto a Busaniche.
Luego, enumeran una serie de decretos y resoluciones tomadas por Salmain —entre noviembre y diciembre de 2023— que, según los fiscales, acomodaron el expediente para permitir la operación financiera:
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dio curso a la presentación,
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ordenó vista al MPF,
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corrió traslado al Banco Central,
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dispuso resolver sin esperar respuestas completas,
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otorgó la medida cautelar solicitada por Whpei,
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y rechazó recursos del BCRA para frenar la operatoria.
El punto crítico llegó tras la corrida bancaria del 13 de diciembre de 2023: allí se habría quebrado el acuerdo económico entre las partes, lo que derivó en amenazas de denuncias y, meses después, en el giro del expediente por parte de Salmain al MPF, encuadrando los hechos como “estafa procesal”.}
Los delitos imputados
De manera preliminar, y conforme el avance de la investigación, las conductas de Salmain encuadrarían en los artículos 210 (asociación ilícita), 248 (incumplimiento de deberes), 257 (cohecho) y 269 (prevaricato) del Código Penal.
Para los fiscales, el rol del magistrado fue determinante:
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autor del prevaricato y del incumplimiento de deberes,
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partícipe necesario del cohecho,
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y miembro de una organización criminal destinada a manipular expedientes para obtener beneficios económicos.
Un juez cada vez más bajo la lupa
Lejos de disipar sospechas, el descargo de Salmain abrió nuevos cuestionamientos. Su planteo de persecución política choca con la abundancia de medidas judiciales que lo implican en la estructura investigada.
Mientras el caso avanza, el juez federal —ya imputado, recusado en múltiples expedientes y en el centro de numerosas controversias— vuelve a quedar en el eje de una causa que expone el nivel de deterioro institucional que atraviesa a la Justicia Federal de Rosario.
Un descargo que cuestiona a todos, menos a sí mismo
Salmain presentó un extenso descargo por escrito ante el Juzgado Federal Nº 4 luego de la indagatoria por Zoom. Allí negó toda irregularidad, afirmó ser víctima de una “persecución política” y criticó a los fiscales del caso.
En su presentación, el magistrado sostuvo que la imputación “es confusa”, que “no se entienden los hechos atribuidos ni la figura penal aplicada” y que las acusaciones se basan casi exclusivamente en el testimonio de Whpei, a quien calificó como un “arrepentido serial”.
Sus defensores son los abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman.
El juez también pidió una amplia batería de medidas probatorias —pericias contables, informes al Banco Central, registros de hoteles, análisis telefónicos y testimoniales del personal de su juzgado— con el fin de acreditar que sus resoluciones fueron “técnicamente válidas” y que nunca mantuvo contactos irregulares con Whpei.
Además, dejó asentadas reservas para futuras apelaciones ante la Cámara, la Corte Suprema e incluso organismos internacionales.
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