
La Justicia Federal de Rosario imputó a dos presuntos integrantes de una organización narcocriminal que opera en el barrio Villa Banana por su participación en el enfrentamiento armado en el que fue asesinado el agente de la Policía Federal Argentina (PFA), Rodolfo Arnaldo Manfredi, y resultó gravemente herido otro efectivo. La audiencia se realizó este lunes ante el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien además dispuso la prisión preventiva por un año para ambos acusados.
Los imputados son Luis Miguel M. y Mario Ezequiel P., señalados por los fiscales federales como integrantes de una estructura criminal dedicada al narcotráfico, el control territorial y otros delitos violentos en la zona comprendida entre 27 de Febrero, bulevar Avellaneda, Rueda y Felipe Moré. La investigación es llevada adelante por fiscales de PROCUNAR, la Unidad Fiscal Rosario y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
Según la acusación, ambos colaboraban en el mantenimiento de una organización liderada por Eduardo Rodolfo Muñoz, actualmente prófugo, junto a otros integrantes identificados por los apodos de “Diente de Lata”, “Mojarra” y “Colombiano”. La banda está acusada de dedicarse de forma permanente a la comercialización de estupefacientes y a la comisión de delitos violentos para sostener el control del territorio.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 12 de junio de 2026 alrededor de las 23:30, cuando tres efectivos de la PFA realizaban un patrullaje de civil en Villa Banana. Al ser identificados por vecinos y presuntos integrantes de la organización, comenzaron a sonar silbidos de alerta que derivaron en la concentración de unas diez personas.
La situación derivó en una discusión y posteriormente en un ataque armado. Los investigadores sostienen que Luis Miguel M. integró el grupo que abrió fuego contra los policías cuando estos se retiraban por calle Gutenberg hacia 27 de Febrero. Como consecuencia, Manfredi recibió tres impactos de bala y murió en el lugar, mientras que el agente Emilio Miguel Gómez Villafañe sufrió heridas de gravedad y permanece internado en terapia intensiva. El tercer efectivo, Ricardo Ariel Barrios Zabala, logró salir ileso aunque también estuvo bajo fuego.
La Fiscalía indicó además que los policías repelieron la agresión utilizando sus armas reglamentarias y que, durante el intercambio de disparos, Luis Miguel M. recibió varios impactos de bala, resultando herido.

En el caso de Mario Ezequiel P., la acusación sostiene que actuó posteriormente para favorecer a la organización. Según los fiscales, se acercó al cuerpo de Manfredi luego del enfrentamiento y retiró tanto el teléfono celular como la pistola reglamentaria del efectivo, elementos que posteriormente hizo desaparecer.
Para los investigadores, esta maniobra tuvo como finalidad ocultar pruebas, proteger a la estructura criminal y contribuir al mantenimiento del control territorial que la organización ejercía sobre Villa Banana para sostener la comercialización de drogas.
La causa también vincula a los acusados con tareas de custodia de puntos de venta de drogas, acopio y fraccionamiento de estupefacientes. Durante procedimientos realizados el 12 de junio, los investigadores secuestraron 358 envoltorios de cocaína, varias bolsas con la misma sustancia, marihuana y tres armas de fuego, entre ellas un revólver calibre .44 Magnum Taurus.
Los fiscales sostienen que la organización utilizaba la violencia física y las amenazas para garantizar el funcionamiento de sus actividades ilícitas, intimidar a vecinos y evitar la intervención de las fuerzas de seguridad en el sector.
A Luis Miguel M. se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita agravada, comercialización de estupefacientes organizada, homicidio calificado de un miembro de una fuerza de seguridad, dos tentativas de homicidio calificadas y diversos hechos vinculados a la tenencia ilegal de armas de fuego.
Por su parte, Mario Ezequiel P. fue imputado por asociación ilícita agravada, comercialización de estupefacientes, encubrimiento agravado y delitos relacionados con la tenencia ilegítima de armas.
Tras evaluar la evidencia presentada por la Fiscalía, el juez Rodríguez Da Cruz dio por formalizada la investigación penal y dispuso que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva durante un año, plazo que también fue fijado para el avance de la investigación.
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