La Justicia Federal imputará este lunes a un ciudadano colombiano que había sido condenado por narcotráfico, expulsado del país y que, según la investigación, regresó de manera ilegal a la Argentina para volver a operar en Rosario. La audiencia estuvo a cargo de los fiscales Matías Mené y Matías Scilabra (PROCUNAR), que explicaron cómo se armó la estructura criminal con base en la ciudad y conexiones con internos de la cárcel santafesina de Piñero.
El imputado es Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, que había cumplido condena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y fue expulsado por Migraciones en 2023. De acuerdo al expediente, volvió a ingresar al país de forma irregualr y se instaló en un departamento de avenida Belgrano al 900, en pleno centro rosarino, desde donde —según la hipótesis fiscal— coordinaba movimientos de droga y dinero.
El juez a cargo de la audiencia fue Carlos Vera Barros, que confirmó la prisión preventiva por seis meses que le solicitaron los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Unidad Fiscal Rosario. Los investigadores habían pedido el fin de semana varios allanamientos en domicilios de Rosario y Roldán, además del secuestro de vehículos y dispositivos electrónicos.
El nombre de Acevedo Figueroa reapareció en una investigación que comenzó por escuchas telefónicas a internos de la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero. Entre ellos figuraban personas vinculadas a estructuras criminales que operan en Rosario, en causas donde también apareció el nombre de Ariel Máximo Cantero, líder histórico de Los Monos.
Del análisis forense de un celular secuestrado surgieron conversaciones donde Acevedo —apodado “Nene”— era mencionado como proveedor de estupefacientes. En el mismo expediente también aparece el alias “Ronal”, en referencia a Reinaldo López Morales, otro interno que había sido expulsado del país tras una condena.
Movimientos nocturnos, “pasamanos” y domicilios bajo sospecha
Las tareas de vigilancia detectaron movimientos reiterados del principal acusado y su círculo cercano en un Chevrolet Cruze que, según los investigadores, realizaba recorridos breves y detenciones de pocos minutos en distintos barrios.
En uno de los seguimientos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria observó un intercambio tipo “pasamanos” con otro vehículo en la vía pública. También registraron visitas frecuentes a domicilios que ya habían sido señalados en otras investigaciones como puntos de venta o resguardo de droga. Uno de los lugares bajo la lupa es un complejo de departamentos en la zona de Oliden al 4200, que podría haber funcionado como sitio de almacenamiento.
La causa no se limita al tráfico de estupefacientes. Los fiscales también investigan posibles maniobras de lavado. En ese tramo aparece la pareja del acusado, Giuliana Vanina Domínguez, quien adquirió propiedades y vehículos por montos que, según el expediente, no se condicen con su perfil económico declarado como monotributista. También se detectaron giros de dinero a Bolivia, Colombia y Costa Rica a través de empresas de transferencia internacional. La hipótesis es que parte de esas operaciones habrían servido para justificar ingresos y canalizar fondos provenientes de la actividad ilícita.
Denuncia anónima y caída
Un correo electrónico anónimo recibido a principios de febrero reforzó la línea investigativa: mencionaba a un ciudadano colombiano que vivía en avenida Belgrano al 900 y que recibía dinero y entregaba droga. La descripción coincidía con lo que ya se venía documentando en la causa.
Con ese cúmulo de elementos, la Justicia ordenó los allanamientos y la detención del principal sospechoso, que fue imputado este lunes en la sede federal.
Para los fiscales, el caso vuelve a exponer un patrón que Rosario conoce bien: condenados por narcotráfico que, aun expulsados o encarcelados, logran reinsertarse en el circuito criminal y sostener estructuras con ramificaciones locales, conexiones carcelarias y engranajes financieros cada vez más sofisticados.
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