El Gobierno avanza con las negociaciones con los bloques aliados del Congreso para conseguir los votos necesarios para modificar el régimen de Inocencia Fiscal. Entre las alternativas que analiza el oficialismo aparece una posible restricción para impedir que funcionarios de los tres poderes del Estado puedan acceder al mecanismo para blanquear ahorros no declarados.
La modificación todavía no está definida y forma parte de las conversaciones que mantienen representantes de La Libertad Avanza con los distintos bloques tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita dictaminar el proyecto este miércoles.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara baja realizarán desde las 11 un plenario para avanzar con el dictamen. El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de agosto, en una sesión en la que también buscará impulsar la reforma del Banco Central.
La negociación con los bloques aliados
La posibilidad de excluir a funcionarios públicos del régimen surgió a partir de los reparos expresados por algunos legisladores aliados. Uno de los antecedentes que puso el tema en discusión fue el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
La pareja había reconocido contar con miles de dólares que no estaban declarados y se había adherido al régimen simplificado de Ganancias mientras se desarrollaba una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Adorni sostuvo que no había utilizado el mecanismo para blanquear esos ahorros.
En el último plenario de comisiones, algunos legisladores plantearon la necesidad de establecer una limitación específica para funcionarios públicos y personas políticamente expuestas.
La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, había anticipado que el Gobierno estudiaba incorporar esa restricción. Según explicó, los funcionarios no quedarían alcanzados por el beneficio, mientras que sí podrían acceder al régimen aquellas personas que durante años hayan ahorrado dólares en Argentina como forma de preservar el valor de sus ingresos.
Desde el oficialismo en Diputados, sin embargo, remarcaron que la letra final de los cambios todavía se encuentra en negociación. La definición podría conocerse durante el plenario de comisiones de este miércoles.
Qué cambios propone el Gobierno para Inocencia Fiscal
El régimen de Inocencia Fiscal fue aprobado a fines de 2025 con el objetivo de incentivar la formalización de fondos no declarados, especialmente los denominados “dólares del colchón”. Sin embargo, la adhesión al sistema fue menor a la esperada por el Gobierno, por lo que el Ministerio de Economía impulsó una ampliación del régimen.
Uno de los principales cambios propuestos consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso. Hasta ahora, podían adherir las personas con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio que no superara los $10.000 millones, además de no estar alcanzadas por las normas correspondientes a grandes contribuyentes.
Con la nueva iniciativa, el régimen quedaría abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, independientemente de sus ingresos o patrimonio.
La principal excepción estaría dada por los Grandes Contribuyentes. Estos podrían utilizar la modalidad simplificada, que permite al fisco realizar una liquidación previa del impuesto y agilizar el proceso de pago, pero no accederían a las presunciones y otros beneficios contemplados en la normativa.
Más seguridad jurídica para los contribuyentes
El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede cuestionar la presunción de exactitud de la información presentada por un contribuyente.
Además, se incorpora la posibilidad de presentar una declaración jurada rectificativa y abonar la diferencia correspondiente cuando se detecte una discrepancia relevante.
Otro de los cambios planteados es la creación de un mecanismo de reintegro acelerado para aquellos casos en los que la Justicia revoque una impugnación realizada por ARCA. En esas situaciones, el contribuyente podría recuperar de manera más rápida los montos involucrados.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que las modificaciones buscan reforzar la seguridad jurídica y generar mayores incentivos para que los argentinos formalicen fondos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.
Ahora, el desafío del oficialismo pasa por cerrar un acuerdo con sus aliados y conseguir el dictamen que le permita llevar la reforma al recinto el próximo 26 de agosto.
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