El proyecto de Inocencia Fiscal II obtuvo este miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y quedó habilitado para ser debatido en el recinto. La iniciativa fue analizada durante una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, con la participación de especialistas y del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez.
El dictamen fue anunciado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Sobre 75 diputados presentes, la propuesta reunió 44 firmas, con una disidencia. En Presupuesto hubo 45 legisladores presentes y 27 firmas, mientras que en Legislación Penal participaron 30 diputados y 17 acompañaron el despacho.
Durante la jornada también quedó abierta la posibilidad de incorporar otros dictámenes hasta las 15.
Qué propone el proyecto de Inocencia Fiscal II
La iniciativa busca modificar y perfeccionar el régimen vigente con el objetivo de facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema, además de simplificar determinados aspectos del Impuesto a las Ganancias.
Entre sus principales objetivos aparecen la ampliación del acceso al régimen simplificado de Ganancias, el aumento de los pisos establecidos en el Régimen Penal Tributario y una reducción de la presión y las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El proyecto también apunta a generar mayores incentivos para que los denominados “dólares del colchón” y otros ahorros no declarados ingresen al circuito formal.
Durante el debate se incorporó además una restricción para que funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. Sin embargo, según se explicó durante la reunión, quedarían excluidos de la posibilidad de exteriorizar fondos no declarados.
Los argumentos de los especialistas
El debate comenzó con la exposición virtual de José Ignacio Simonella, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
El especialista respaldó la iniciativa y sostuvo que, desde el punto de vista tributario, el proyecto “complementa y mejora la ley vigente” y permite aclarar aspectos que habían generado dudas.
Simonella destacó seis puntos que consideró mejoras: mayor certeza jurídica, un umbral mínimo para determinar una discrepancia significativa, la universalización de la liquidación simplificada para personas humanas y mayores incentivos para formalizar ahorros que permanecen fuera del sistema.
También remarcó que la iniciativa no constituye un blanqueo.
“Es importante destacar que no se está tratando de un blanqueo; limita la discrecionalidad del fisco”, sostuvo. Según explicó, la carga probatoria recaería sobre ARCA para demostrar la existencia de una discrepancia significativa.
Un cambio en la forma de liquidar Ganancias
A continuación expuso Oscar Fernández, coordinador técnico de la Comisión de Asuntos Tributarios de la misma entidad.
Fernández definió el proyecto como “un cambio de paradigma en la liquidación del Impuesto a las Ganancias” y destacó que apunta a simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El régimen simplificado estará destinado a personas humanas y no a sociedades. También podrán incorporarse sucesiones indivisas que sean residentes en el país, según las condiciones previstas.
El especialista aseguró que la modificación no implicará una pérdida de recaudación para Nación ni para las provincias, debido a que no se modifica la Ley de Ganancias. La diferencia estaría en la modalidad de liquidación del impuesto.
Fernández insistió además en que la propuesta no debe confundirse con un blanqueo, sino que incorpora un mecanismo de presunción de exactitud respecto de determinadas declaraciones juradas de IVA y Ganancias correspondientes a períodos fiscales no prescriptos.
Qué dijo el titular de la UIF
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la exposición del titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez, quien se refirió especialmente al artículo 40 bis de la legislación vigente.
El funcionario sostuvo que la economía argentina tiene aproximadamente un 48% de actividad informal y consideró que la reforma busca abordar parte de esa problemática.
Álvarez explicó que existe un volumen significativo de efectivo que permanece fuera de los canales formales y que, en muchos casos, corresponde a ahorros acumulados por personas que buscaron proteger su patrimonio frente a las dificultades económicas de los últimos años.
Según el titular de la UIF, la existencia de ese circuito informal genera dificultades para los mecanismos de prevención del lavado de activos, ya que produce numerosas alertas por operaciones de bajo monto y dificulta identificar aquellas que realmente presentan riesgos.
En ese sentido, defendió la incorporación de esos fondos al sistema formal.
“Traer esos ahorros al sistema no debilita el sistema, sino que contribuye a fortalecerlo”, sostuvo Álvarez.
El argumento vinculado al GAFI
El funcionario también vinculó la reforma con las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según explicó, la evaluación realizada al país detectó la necesidad de mejorar la comprensión y evaluación de los riesgos vinculados con los servicios financieros informales y de desarrollar políticas destinadas a formalizar esas operaciones.
Álvarez sostuvo que Argentina necesita una solución permanente para incorporar esos fondos al sistema formal y reducir el funcionamiento de circuitos paralelos.
En ese marco, afirmó que avanzar con herramientas de este tipo no responde a una decisión aislada, sino al cumplimiento de estándares internacionales.
Qué pasará con los controles contra el lavado
Durante su exposición, el titular de la UIF también buscó despejar dudas sobre el impacto que podría tener la reforma en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Álvarez aseguró que la iniciativa no elimina las obligaciones que tienen los sujetos alcanzados por la Ley 25.246. Según explicó, continuarán vigentes las tareas de monitoreo, debida diligencia, análisis de operaciones y presentación de reportes cuando existan indicios de operaciones sospechosas.
“El régimen, en definitiva, no busca debilitar el sistema de prevención de lavado de activo, sino que busca hacerlo más eficiente”, concluyó.
Con el dictamen de mayoría, el proyecto de Inocencia Fiscal II quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto de la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán definir su futuro en una próxima sesión.
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