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Irán condenó la decisión de Argentina de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

El régimen iraní calificó la decisión del Gobierno de Javier Milei como “ilegal e injustificada” y advirtió sobre responsabilidades internacionales.

El régimen teocrático de Irán reaccionó con su habitual retórica confrontativa a la decisión del Gobierno argentino de declarar “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica, en un contexto internacional marcado por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Teherán y por una creciente polarización geopolítica.

A través de un comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores, difundido por su embajada en Uruguay, el gobierno iraní condenó la medida adoptada por la administración de Javier Milei y la calificó como una acción “ilegal e injustificada”.

En el texto, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

El documento no se limita a una condena formal; también introduce una advertencia directa al Estado argentino: “Esta decisión genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señala el comunicado, en una formulación que forma parte del repertorio diplomático habitual del régimen cuando responde a sanciones o medidas internacionales.

La reacción se produjo luego de que la Casa Rosada formalizara la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas.

En el comunicado oficial argentino, el Gobierno fundamentó la decisión en base a antecedentes judiciales y de inteligencia. Allí se sostiene que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que los atentados fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní”, en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Esos atentados, los más graves en la historia argentina, dejaron más de 100 muertos y centenares de heridos, y derivaron en pedidos de captura internacional contra ex funcionarios iraníes. Esa línea de investigación ha sido sostenida por la Justicia argentina durante décadas y constituye el núcleo de la acusación estatal contra Irán.

El comunicado iraní, sin embargo, evita cualquier referencia a esos hechos. No menciona la AMIA ni la Embajada de Israel, ni responde a los señalamientos judiciales. En cambio, desplaza el eje hacia una lectura geopolítica y sostiene que la decisión argentina fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y la vincula con la ofensiva militar que esas potencias llevan adelante contra Irán.

El texto también señala que la decisión “viola los principios fundamentales del derecho internacional” y constituye “una intervención en los asuntos internos” de Irán.

Además, eleva el tono político al afirmar que el presidente argentino y su canciller, al acompañar a Estados Unidos e Israel, “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”.

En paralelo, el comunicado reivindica a la Guardia Revolucionaria, a la que define como “defensora de la seguridad nacional” y asegura que es “la fuerza más efectiva contra el terrorismo de ISIS”, en una narrativa que contrasta con las acusaciones internacionales que la vinculan con operaciones encubiertas y apoyo a organizaciones armadas como Hezbollah.

En el caso argentino, la decisión se inscribe en una política más amplia. El Gobierno ya había incluido en el RePET a Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds —el brazo externo de la Guardia Revolucionaria— en una estrategia orientada a reforzar su alineamiento con Estados Unidos e Israel y endurecer su posición frente al terrorismo internacional.

El trasfondo local también resulta determinante: la persistencia de las causas por los atentados de los años 90 sigue condicionando la política exterior argentina. La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial no solo tiene implicancias operativas, sino también simbólicas, ya que reafirma la posición del Estado argentino sobre la responsabilidad iraní en esos ataques.

La tensión entre ambos países no es nueva, pero se profundiza en un escenario internacional marcado por la guerra y anticipa un deterioro mayor en la relación bilateral.

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