El Parlamento de Israel aprobó este lunes una reforma legal que habilita la pena de muerte para quienes sean condenados por asesinatos vinculados al terrorismo. La iniciativa fue votada en la Knéset con 62 votos a favor y 48 en contra, en medio de un intenso debate político y fuertes cuestionamientos tanto internos como internacionales.
La nueva normativa establece que los condenados deberán ser ejecutados por ahorcamiento en un plazo máximo de 90 días, bajo supervisión del sistema penitenciario. Hasta ahora, Israel solo contemplaba la pena capital en situaciones excepcionales, como crímenes de guerra o genocidio.
El punto más controvertido de la reforma es que los tribunales militares estarán obligados a aplicar la pena de muerte a palestinos en Cisjordania ocupada, mientras que los tribunales civiles que juzgan a ciudadanos israelíes podrán optar por cadena perpetua.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que esto generará una aplicación desigual de la ley, en la que la pena capital recaería principalmente sobre la población palestina.
Durante el debate, la diputada Aida Touma-Suleiman cuestionó el criterio de la norma: “En este caso, las identidades de la víctima y el asesino son las que determinan la sentencia (…): asesinato o defensa propia. ¿Acaso se aplicará a los colonos asesinos?”.
El primer ministro Benjamín Netanyahu participó de la sesión y votó a favor de la iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir.
El oficialismo, liderado por el partido Likud, respaldó mayoritariamente la medida, al igual que sectores de la oposición como Israel Beitenu. En cambio, bloques opositores como Yesh Atid, Azul y Blanco y partidos árabes votaron en contra.
Desde el oficialismo defendieron la ley como una respuesta contundente al terrorismo. La diputada Limor Son Har-Melej sostuvo: “Desde hoy, sentencia de muerte. Es una herramienta esencial para erradicar al enemigo y lograr una disuasión real”.
En contraste, el diputado Matti Sarfatti calificó la norma como “populista, inmoral, no igualitaria” y aseguró que es “claramente inconstitucional”.
La sesión parlamentaria se extendió durante más de 10 horas, con intervenciones emotivas y fuertes cruces. En paralelo, el contexto de guerra obligó a que parte de los legisladores siguieran el debate de forma remota.
Tras la aprobación, se registró incluso un lanzamiento de misiles desde Irán hacia la región de Tel Aviv, en un episodio que elevó aún más la tensión en el país. La decisión generó preocupación en la comunidad internacional. Gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia cuestionaron la medida, al igual que la ONU y el Consejo de Europa.
Funcionarios militares israelíes también advirtieron que la ley podría violar el derecho internacional y derivar en órdenes de arresto contra oficiales del país en el exterior. Además, sectores locales —incluidos rabinos, abogados, médicos y activistas— manifestaron su rechazo durante el proceso legislativo.
Hasta ahora, Israel solo había aplicado la pena de muerte en una ocasión: en 1962, con la ejecución de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto.
Con esta reforma, el país abre una nueva etapa en su política penal, en medio de un escenario de alta conflictividad política, social y militar, y bajo el foco de la comunidad internacional.
Comentarios