“Vamos a vetar. Y, aún si se cae el veto, lo vamos a judicializar”, planteó Javier Milei y sintetizó la postura de Casa Rosada, previamente anunciada -con las mismas palabras- por el jefe de Gabinete Guillermo Francos en una entrevista radial. En esa afirmación, el oficialismo evidencia la posibilidad de no poder sostener el veto por la vía parlamentaria y también la posibilidad de legitimar la sesión: si existe veto, existe convalidación de lo sancionado en el Senado.
El Ejecutivo también intentó -a través de reclamos de Patricia Bullrich en redes sociales- que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, levantara la sesión y la invalidase. La Vicepresidenta de la Nación le respondió también por redes sociales sujeta al reglamento del Senado: “Dejé categóricamente en claro que las tres leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario“.
El planteo de Villarruel se respalda en el artículo 16 del reglamento del Senado, que expresa que “la mayoría absoluta del número constitucional de senadores hace Cámara” y que garantiza la viabilidad de lo votado una vez iniciada una sesión ordinaria. Como esto ocurrió tanto con el quorum como con la convalidación de los dictámenes realizados (42 a favor, 17 en contra y 3 abstenciones) en comisiones autoconvocadas por los legisladores, las aprobaciones cumplen la legalidad.
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