En la que se considera la cita más importante en el juicio impulsado por un fondo británico por la estatización de YPF en 2012, Argentina rechazó este miércoles ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga a pagar más de USD 16.000 millones y acusó al demandante, Burford Capital, de pretender frenar el regreso del país a los mercados internacionales.
Durante la audiencia, los abogados que representan al país consideraron que este caso “refleja el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Kirchner, durante los cuales determinados grupos empresariales, amparados por el poder político, se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”.
La exposición, liderada por Robert Giuffra, abogado del estudio Sullivan & Cromwell, buscó dejar en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado.
Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación en un comunicado oficial, los abogados del Estado argentino hicieron foco en la necesidad de respetar la jurisdicción nacional en un caso que -planteó- debería haberse tramitado ante los tribunales locales.
En ese sentido, los letrados recordaron que los demandantes “no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino 15 años más tarde, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción”.
Y, asimismo, señalaron que obtuvieron su participación accionaria con “una inversión de capital mínima y, junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes”.
Tras la expropiación, recordaron, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después. “La sentencia resultante, que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás”, sostuvieron, en clara crítica a Preska.
Los cuestionamiento a Burford
En otro tramo de la audiencia, los abogados que representan al país indicaron que “el verdadero impulsor” de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios y que “está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria de USD 16.100 millones (que con los intereses asciende a USD 18.000 millones) derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina”.
En ese sentido, acusaron al fondo de “obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global”. “Esta postura revela que el objetivo del fondo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima: busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República”, subrayaron.
La Procuración del Tesoro destacó que, bajo la Presidencia de Javier Milei, el foco siempre ha estado puesto en resolver la pasada herencia recibida, al tiempo que agradeció el apoyo de Estados Unidos en el litigio.
La República Argentina se muestra “optimista” en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos “revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”, concluyeron los abogados.
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