La jueza de Nueva York Loretta Preska anunciará este lunes si, mientras avanza la apelación de la Argentina, le otorga al país la suspensión de la sentencia que lo obliga a entregar el 51% de sus acciones de YPF a los fondos beneficiarios por la expropiación de la petrolera en 2012.
La magistrada no va a definir “si cancela o revierte” su decisión sino que evaluará “si la suspende mientras Argentina apela”, explicó el especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien sigue de cerca el caso que tramita en la Justicia estadounidense. En caso de que le dé la derecha al Estado nacional, “los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia” hasta que se resuelva el recurso presentado por el Gobierno nacional.
La titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se expedirá luego de que el país le pidiera dejar sin efecto la orden de entregar el 51% de sus acciones de YPF como parte de pago del fallo por USD 16.100 millones más intereses a los fondos Burford Capital y Eton Park. La fecha límite para hacerlo es el mismo lunes, por lo que, en caso de denegar la suspensión, se deberán evaluar posibles sanciones por incumplimiento.
Además, Preska otorgó “tres días adicionales” para ir a la Corte de Apelaciones, algo que la Argentina hizo el pasado jueves, ante un inminente fallo adverso de la jueza, en cuyo caso adelantó que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Por otra parte, la magistrada había convocado a las partes para este próximo martes. “Deberán comparecer para una audiencia el 15 de julio de 2025 a las 10:00 a. m. en la Sala 12A”, estableció en su escrito, difundido por Maril.
El objetivo es destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el “caso principal, Petersen Energia Inversora, S.A.U. y otros contra la República Argentina”, los cuales involucran tanto a la empresa de hidrocarburos nacionalizada en 2012, como a “Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el BCRA”, como ejemplo de la presunta condición de “alter ego” del Estado nacional que aducen los demandantes.
Previamente, el Gobierno había emitido dos descargos en los que insistió con la suspensión del fallo y advirtió que su cumplimiento llevaría al país a “violar su propia legislación”. Tras el rechazo de los beneficiarios del litigio a la solicitud local de anular la sentencia de Preska, la Procuración del Tesoro le reclamó que “se expida” sobre ese pedido, aunque decidió apelar antes de su resolución.
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