Seis días después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el envío de un proyecto de ley de amnistía general para los presos políticos, la Asamblea Nacional dio este jueves luz verde a la iniciativa en una primera lectura y se encamina a su aprobación definitiva.
“No tenemos mucho tiempo”, advirtió el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, al reclamar celeridad a los diputados para avanzar con el proceso de consultas públicas previsto antes de la segunda votación. Según explicó, el objetivo es acelerar el tratamiento de una norma que busca cerrar un largo ciclo de persecuciones judiciales por motivos políticos.
El proyecto, denominado formalmente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, no se limita a un listado puntual de beneficiarios, sino que contempla todos los hechos susceptibles de amnistía ocurridos entre 1999 y 2026. De acuerdo con Jorge Rodríguez, la amplitud del texto apunta a evitar exclusiones y permitir que más personas puedan acogerse a la medida.
La iniciativa, aprobada por unanimidad, reconoce que ciudadanos de distintas afiliaciones políticas —e incluso personas sin militancia— fueron sometidos a procesos penales por hechos vinculados al ejercicio de derechos ciudadanos o por manifestaciones políticas. En ese marco, la amnistía alcanzaría delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y portación ilegal de armas, siempre que se hayan producido en el contexto de protestas, incluidas las registradas en los años 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
“El proceso de consulta tiene que ser profundo y arduo. No tengamos temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo o tenga una propuesta”, sostuvo Rodríguez al defender el debate público previo a la sanción final.
El proyecto aún debe superar la instancia de consulta ciudadana y una segunda votación parlamentaria, pasos exigidos por la Constitución venezolana antes de su promulgación definitiva. En paralelo, sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, como el Foro Penal, reclamaron la difusión del texto completo y advirtieron que la efectividad de la amnistía dependerá de la transparencia en su aplicación.
Según datos oficiales, más de 600 presos políticos fueron liberados de manera gradual desde la asunción de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos. Sin embargo, el Foro Penal solo ha podido verificar la excarcelación de 383 personas y estima que cerca de 700 continúan privadas de libertad a comienzos de febrero.
Entre los detenidos aún figuran dos ciudadanos argentinos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, cuyas liberaciones fueron reclamadas públicamente por el Gobierno de Javier Milei. En los últimos días, en tanto, recuperaron la libertad el empresario gastronómico Roberto Baldo y Gustavo Rivara, de formación teológica y vinculado a actividades de escritura y viajes.
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