El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, habilitó a la Cámara Federal de Casación Penal a revisar dos decisiones clave: el otorgamiento de la prisión domiciliaria a la ex presidenta y la colocación de una tobillera electrónica para su control.
Por un lado, el fiscal federal Diego Luciani apeló el beneficio de la prisión domiciliaria y solicitó que la ex mandataria cumpla su condena de seis años en una cárcel común, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Por el otro, la defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, objetó la imposición del dispositivo electrónico, al considerar que no se encuadra en los supuestos legales previstos para este tipo de vigilancia.
Ambas apelaciones fueron concedidas por los jueces del TOF2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y ahora pasarán a ser evaluadas por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los magistrados Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Este mismo tribunal ya había fijado una audiencia para el lunes 7 de julio, en la que se tratará otra apelación referida al régimen de visitas limitado que se le impuso a Kirchner.
En paralelo, el TOF2 también debe resolver si autoriza una visita solicitada por la defensa: el presidente de Brasil, Lula Da Silva, expresó su intención de ver a la ex vicepresidenta en su lugar de detención, el departamento ubicado en la calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución.
La defensa argumenta que el control judicial de estas medidas debe ser amplio, en resguardo de las garantías procesales de la condenada, y cuestiona que la colocación de la tobillera se haya basado en una interpretación incorrecta de la Ley de Ejecución Penal.
La causa Vialidad sigue generando movimientos judiciales de alto perfil, mientras crece la tensión política en torno a la situación de la ex presidenta, en un contexto de fuerte repercusión pública y proyecciones aún abiertas.
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